Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Derivado de sus investigaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló ocho nuevas observaciones y propuestas del caso Iguala, cuatro de ellas a la Procuraduría General de la República (PGR), tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y una a la Fiscalía General del Estado de Guerrero; entre ellas, que se investigue el delito de tortura en contra de uno de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Con éstas, la PGR acumula 34 observaciones y propuestas del organismo contenidas en el documento Estado de Investigación del Caso Iguala, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La CNDH dio a conocer que el estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Julio César Mondragón Fontes, no murió por disparo en la cabeza, sino que fue por traumatismo craneoencefálico derivado de actos de tortura física, por lo que instó a la PGR a investigar a otras 11 personas relacionadas con estos hechos.
En respuesta, más tarde mediante un comunicado, la PGR informó que analizará las nuevas observaciones y propuestas que presentó la CNDH, y reiteró su compromiso de mantener una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En seguimiento a las indagatorias, la CNDH solicitó a la procuraduría que encabeza Arely Gómez González, la investigación por estos hechos de tortura en contra de Julio César Mondragón y Víctor Hugo Benítez Palacios, alias El Tilo, recientemente detenido y quien es señalado como probable partícipe en el homicidio de Mondragón Fontes.
También requirió que se indague por el delito de tortura a los detenidos que enfrentan proceso por el homicidio de Mondragón Fontes, para que sean consignados en caso de hallar los elementos suficientes en su contra.
Al dar a conocer los avances de las investigaciones de los peritos de la comisión, José Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial de la CNDH para el Caso Iguala, informó en conferencia a medios que algunos indicios fueron omitidos en los dictámenes existentes, como el hecho de que la víctima realizó maniobras de defensa, lucha y forcejeo contra los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala.
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la comisión sugirió continuar proporcionando, de manera diligente e integral, las medidas de atención y asistencia a los familiares, además de implementar el proceso integral de reparación del daño en los que se consideren los resultados de impacto sicosocial específico y brindar atención al núcleo familiar de Mondragón Fontes, reconocido como víctima indirecta.
A la Fiscalía General del Estado de Guerrero se le solicitó que investigue el destino final de la ropa que vestía Mondragón Fontes, puesto que no existe constancia de que hubiera sido asegurada y preservada.
El titular de la Oficina Especial del Caso Iguala, de la CNDH, precisó que el cadáver tenía 64 fracturas en 40 huesos de cráneo, cara, tórax y columna vertebral; las fracturas en 13 de 14 huesos del rostro, descripción que establece que Mondragón Fontes fue golpeado en múltiples ocasiones por varias personas, situación que tampoco se había establecido en los dictámenes iniciales.
Se estableció que fue un perro el que provocó el desgarre de la piel en cara y cuello del estudiante normalista, así como el desprendimiento del ojo izquierdo, facilitado porque estaba muerto, tenía escurrimiento de sangre y por las heridas producidas en la cabeza por los golpes de quienes supuestamente le habrían infringido la paliza que le provocó la muerte.
El documento que se hizo público señala que se debe recurrir a quienes notificaron sobre la existencia del cuerpo del estudiante, a fin de determinar la hora en que se localizó el cadáver que en un principio se dijo fue desollado por parte de varios integrantes de la organización criminal conocida como Guerreros Unidos.
La CNDH advirtió que la PGR no profundizó en su investigación y recordó que de los 29 ex servidores públicos del municipio de Iguala en contra de quienes se libró orden de aprehensión por el homicidio calificado de Mondragón Fontes y el de cinco personas más, 26 se encuentran sujetos a proceso penal en reclusión, dos están prófugos y a un ex agente de la Policía Municipal de Iguala se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, aunque sigue preso por otros delitos federales.
La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 seis personas murieron, entre ellos Julio César Mondragón y 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidas por presuntos delincuentes de Guerreros Unidos, en complicidad con policías municipales de Iguala y Cocula.
La CNDH publicó la revisión de los posicionamientos específicos de la PGR a las 26 primeras observaciones y propuestas que fueron formuladas por la comisión y que están contenidas en el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala.
En ese sentido, la CNDH consideró que las acciones de búsqueda de los desaparecidos que se realicen sin fichas de identificación disminuye la posibilidad de éxito, puesto que es una herramienta básica en los procedimientos de búsqueda.
Esta propuesta no ha sido atendida por la PGR, dice el documento con fecha del 23 de julio de 2015, por lo que la CNDH insiste en que es necesario que la instancia ministerial tenga en cuenta que su elaboración corresponde a los servicios periciales.
Otra observación que no ha sido atendida refiere que la PGR reporta acciones tendentes a acciones concretas de búsqueda de los normalistas. La comisión resalta que es necesario que las acciones se efectúen de manera continua como se sugirió, ya que la última acción de búsqueda se realizó el 24 de febrero de 2015.
Advierte que la propuesta de que se investigue en la sierra de Guerrero sería conveniente que sea busque en la montaña para confirmar o descartar la versión sobre la posible ubicación en esta región de los desaparecidos.
La CNDH añadió que otro de los puntos pendientes es la obtención de la georreferencia y datos generales de los teléfonos celulares de dos de los normalistas de los que, al parecer, salieron mensajes de texto dirigidos a personas cercanas el día de los hechos y de otro aparato del que se hizo una llamada en la misma fecha.
Aunque la PGR informó a detalle el trabajo realizado, la CNDH respondió que sería bueno que el análisis de la información telefónica se aprovechara para determinar el paradero de los normalistas y orientar dicho análisis a la ruta de desaparición.
Destacó que la PGR no atendió la propuesta de explicar por qué los normalistas fueron llevados a Iguala, quién los llevó y por qué fue a los alumnos de primer grado.
En su mensaje publicado en el portal institucional describe que la procuraduría explica las actividades de toma de autobuses y boteo, pero no queda claro quién los lleva ni cómo se conformó el grupo ni quién los organizó y agrega que hay órdenes de aprehensión pendientes.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y familiares de los 43 normalistas se manifestaron frente a la PGR, donde hicieron una valla humana para exigir la renuncia o separación del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, por considerar que no ha hecho un buen trabajo y demandaron la liberación inmediata de los presos políticos y de los dirigentes de la CNTE.
