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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno federal la creación de una ley general sobre desplazamiento, debido a que no existen datos y registros oficiales que permitan conocer cuántas personas han dejado su hogar como producto de la violencia, el surgimiento de autodefensas o desastres naturales.

Al presentar el primer informe sobre el tema, la CNDH explicó que el sistema jurídico del país carece de una norma que establezca “qué debemos entender por desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo.

“Consideramos que es necesaria la creación de una ley general sobre desplazamiento forzado interno que establezca el marco jurídico base para la distribución y la determinación de atribuciones y obligaciones de las autoridades del Estado mexicano, debido a que actualmente las únicas referencias son del ámbito internacional”, dijo el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Explicó que las personas que son obligadas a desplazarse ven vulnerados sus derechos humanos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, pública y alimentaria, el trabajo y la educación.

La CNDH dio a conocer que los encuestadores detectaron mil 784 personas de comunidades, ejidos y municipios que dejaron sus hogares. A través de información entregada por autoridades estatales y municipales, se detectó a 35 mil 433 desplazados.

“En tanto que distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6 mil 685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó atender a 5 mil 364 familias en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16 mil 92 personas”, señala el reporte de la CNDH.

Los principales motivos que generan el desplazamiento son: inseguridad, violencia, extorsiones, cobro de piso, e incluso, violaciones sexuales en contra de mujeres.

La CNDH recabó algunos testimonios de personas afectadas, quienes dicen “que a partir del 22 de febrero de 2010, a raíz de los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, inició un desplazamiento... expresando que a principios de ese año se contaba con una población de 7 mil 500 habitantes; sin embargo, en el censo efectuado en mayo de 2010… la población era de 4 mil 600 personas”.

Durante el informe, la CNDH instó al gobierno federal a crear una política pública integral y transversal en derechos humanos para proteger a las víctimas, formular protocolos de actuación, generar una coordinación entre los tres niveles de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y organismos internacionales, así como realizar un estudio para determinar la viabilidad de expedir una ley general; y en los censos de población, incorporar preguntas sobre el tema y atender de manera inmediata a los desplazados.

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