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En cuatro meses podría conocerse la situación jurídica del fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, quien fue demandado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por violar la secrecía de los datos contenidos en una averiguación previa, la presunción de inocencia y el debido proceso.
César Alejandro Chávez Flores, visitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que Nieto Castillo rindió su declaración en calidad de imputado.
Desde el 8 de diciembre, la Visitaduría comenzó a recabar los elementos de prueba, un día después de que el senador por el Partido Verde, Pablo Escudero, presentó la denuncia contra el titular de la FEPADE por haber dado a conocer que existía una investigación en contra de Arturo Escobar y Vega por presuntos delitos electorales que cometió cuando era dirigente del PVEM.
Sobre la investigación, Chávez Flores indicó que continúa en curso, pero en cuatro meses podría definirse si existen o no elementos suficientes sobre la comisión de un delito.
“No se ha ejercitado ni acción penal ni responsabilidad administrativa, es un asunto que está en fase de investigación (...). La calidad en la que se inició la averiguación previa tiene carácter de imputado, por tanto, él rindió su declaración ministerial con ese carácter”, explicó el visitador.
Al preguntarle la celeridad con la que trabaja la Visitaduría para determinar la separación de su cargo a un servidor público de la PGR, explicó que “cuando son sujetos a proceso penal, es una causa de separación que tiene que seguirse ante el Consejo de Profesionalización. Puede tardar de un mes y medio a seis meses.
“Sin embargo, desde que se inicia el procedimiento puede decretarse la separación provisional como una medida de protección para que los servidores públicos no continúen en funciones, es una decisión que depende de los superiores jerárquicos en cada caso, que son los responsables de promover el procedimiento de separación”, explicó.
