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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al gobierno de Honduras adoptar medidas cautelares a favor de familiares de la asesinada activista Berta Cáceres y del mexicano Gustavo Castro, testigo del crimen.
La CIDH hizo extensivas las medidas a miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), por encontrarse en una situación de riesgo como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos, medio ambiente y recursos naturales.
La Comisión consideró que la información que le fue presentada “demuestra, en principio, que los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”.
Cáceres fue asesinada el martes pasado en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, por hombres armados que ingresaron a su domicilio y le dispararon con armas de fuego en varias ocasiones.
Cáceres, integrante de la comunidad indígena lenca y madre de cuatro hijos, fue distinguida el año pasado con el Premio Medioambiental Goldman por su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras.
Ante la decisión del mexicano Castro de salir del país para salvaguardar su vida, que le fue impedida por las autoridades hondureñas, la CIDH consideró necesario que el gobierno de ese país tome todas las medidas necesarias “para asegurar su seguridad durante todo el proceso para preparar y completar su salida”.
De igual forma, solicitó que Honduras adopte las medidas necesarias para que los miembros del COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, “sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos”.
La Comisión convocó igualmente a las partes, gobierno y peticionarios, a una reunión de trabajo a celebrarse durante el próximo período de sesiones de la CIDH que tendrá lugar en esta capital en abril próximo.
jram
