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WASHINGTON.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que México “atraviesa una crisis de derechos humanos” en un contexto de violencia e inseguridad desde hace varios años, y si bien el gobierno mexicano ha realizado reformas constitucionales “importantes” desde 2011 para combatir la “desaparición forzada” y desterrar “la tortura”, la respuesta del Estado sigue marcada por “deficiencias en su implementación y niveles críticos de impunidad”.
En su informe sobre México, la CIDH señala que existe “especial preocupación” por el elevado índice de denuncias sobre “desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos”.
Con base en el monitoreo que la CIDH realiza de México en cumplimiento de su mandato —incluyendo la visita que realizó del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015—, los responsables del informe subrayan que los errores o engaños en las investigaciones oficiales sobre desapariciones “son muy graves y múltiples”.
“Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”, expone el informe.
“La madre de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres hijos si insistía en la búsqueda”, dijo James Cavallaro, presidente de la CIDH y relator para México.
“En México hay 26 mil 798 casos de personas no localizadas y muchos son desapariciones forzadas, con intervención de agentes del Estado, cada caso es muy grave”, expuso.
El reporte señala que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014 “es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
Se insta al gobierno de México a brindar acceso a los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para entrevistar a todos los testigos, incluyendo los integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre.
“El grupo de expertos no ha podido tener acceso a los militares ni al batallón. Sufre, en cambio, lo que parece ser una campaña de desprestigio y difamación”, indicó Cavallaro en entrevista con EL UNIVERSAL.
En el informe se hace alusión a los casos de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas en junio de 2014, así como el enfrentamiento ocurrido entre la Policía Federal y miembros del crimen organizado en la localidad de Tanhuato, Michoacán, en junio de 2015, “en el que perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal”.
Tortura e impunidad. El reporte pone énfasis en que la tortura “es alarmante y generalizada”. Revela que 77% de los casos consignados “tenían evidencias de lesiones corporales en los detenidos”.
“El Estado mexicano informó que la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura y que existen sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal”, subraya.
En otro capítulo, la CIDH, que no había emitido un informe sobre México desde 1997, destaca el problema de la impunidad, que ha alcanzado “niveles críticos”.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó.
“Cuando estamos hablando de 98% de grado de impunidad es evidente que las medidas que se están aplicando son insuficientes”, añadió.
“No sé si el Estado mexicano va a aceptar nuestro diagnóstico de la gravedad del problema y no sé si va a poder responder a la altura del desafío. Eso lo tenemos que ver”, indicó James Cavallaro.
El presidente de la CIDH pidió a México que reconozca “la gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta y no trate de minimizarla hablando de casos aislados”.
