Más Información
Un edificio de tres niveles para la docencia, con aulas, cubículos para profesores, áreas administrativas y un centro cultural, que se diseñaron con el objetivo de ampliar un campus de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) quedaron en el papel; los 350 millones de pesos obtenidos para el proyecto se “perdieron”, junto con la oportunidad de que cientos de jóvenes tuvieran cerca de su lugar de residencia instalaciones que demandan para cursar sus estudios de educación superior.
En esta trama, EL UNIVERSAL encontró que ninguna autoridad explica la decisión final: 85% de los recursos se destinaron al pago de salarios y prestaciones para el personal que labora en la UAM.
El predio de 32 mil metros cuadrados —ubicado en la delegación Gustavo A. Madero (GAM) y que se utilizaría para la ampliación de la Unidad Azcapotzalco— hoy sigue siendo un vivero, campamento de limpia, tiradero de chatarra y alberga una clínica dental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros usos.
La UAM negoció con diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) un incremento a su presupuesto por los 350 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2015, con la promesa de que esos recursos se iban a destinar a la construcción de un plantel universitario en la delegación Gustavo A. Madero, explica el ex legislador Miguel Alonso Raya.
El plan se denominó “Una Gran Alianza por la Educación”, y de acuerdo con la carpeta de la obra —cuya copia tiene este diario y en el que aparecen los logotipos de la UAM y de la GAM, junto a los nombres del entonces rector Romualdo López Zárate y la delegada Nora Arias Contreras—, desde julio de 2014 se tenía el anteproyecto arquitectónico para el que se tramitarían los fondos.
El dinero se utilizó en otros rubros, y hoy existe una demanda del PRD para que la institución de educación superior transparente los recursos. La confrontación generó una denuncia penal contra el rector de la UAM por presunto desvío de recursos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Miguel Alonso Raya afirma que el dinero se tramitó bajo la condición de que se destinara a la construcción de la ampliación de la UAM Unidad Azcapotzalco, en un terreno ubicado en la colonia San Juan de Aragón, a un costado del Metro Deportivo Oceanía, en los límites de la GAM y el municipio de Ecatepec, Estado de México.
El nuevo campus en la GAM no se tradujo en un proyecto ejecutivo y la obra jamás se inició, por lo que ahora existe una disputa entre el rector general de la UAM, Salvador Vega y León, y los ex legisladores del PRD que gestionaron la obra, con la exigencia de que se aclare el destino final de los 350 millones de pesos.
La Rectoría General de la UAM, a través de su vocería, argumenta que el dinero nunca estuvo etiquetado para ese fin y exhibió documentos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que indican que los 350 millones de pesos se destinaron a otros rubros.
Los perredistas involucrados en el tema reconocen que no hay un documento firmado por el rector general de la UAM o por algún otro funcionario de la universidad para acreditar que la institución se comprometió a construir una ampliación en el territorio de la GAM, pero consideran que si las autoridades universitarias dieron su palabra de usar los 350 millones de pesos para atender la demanda de educación superior en esa demarcación, estaban obligados por ética a respetar ese acuerdo.
El vocero de la UAM, David Alejandro Díaz Méndez, advierte que no existe ningún papel que demuestre la existencia de ese compromiso, aunque reconoce las gestiones del PRD para incrementar el techo presupuestal que se le fijó en 2015 a la institución educativa.
“Es cierto que hubo un anteproyecto, pero éste se generó por las pláticas del rector de la UAM Azcapotzalco, Romualdo López Zárate, con la entonces jefa delegacional, Nora Arias, pero oficialmente nunca se recibió dicho proyecto”.
Revela que los 350 millones de pesos tramitados por el PRD a favor de la UAM se usaron conforme a lo programado y acordado con la Secretaría de Hacienda, según se consta en un oficio emitido el 2 de enero de 2015.
Serie de acusaciones
En el documento que las autoridades educativas mostraron a EL UNIVERSAL, los recursos aparecen etiquetados de la siguiente forma: 50 millones para la construcción de un nuevo edificio en la UAM-Iztapalapa dedicado a ciencia y tecnología, así como otros 300 millones destinados al pago de salarios y prestaciones de los empleados de esa institución. “No entendemos de dónde sale la teoría de que hay un desvío de recursos”, afirma Díaz Méndez.
La fallida ampliación de la UAM-Azcapotzalco se iba a construir en una demarcación distinta a la matriz. Se trata de un terreno de 32 mil metros cuadrados, que se ubica en la GAM.
Es propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, pero empleados de la GAM lo ocupan como vivero y campamento de limpia. Hay una cancha de futbol y existen restos de vehículos chatarrizados. En una de sus puertas de acceso se puede leer un grafiti de rechazo a cualquier construcción y la exigencia de que se mantenga el vivero en una zona carente de áreas verdes.
El terreno está bajo resguardo jurídico de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, puesto que las demarcaciones carecen de bienes propios. Una base de taxis cuenta con un pequeño cubículo y una fracción del mismo lo ocupa una Clínica de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como lo verificó este diario.
Ahora, ambas partes se responsabilizan mutuamente de que el proceso de donación del terreno a favor de la UAM jamás se haya cristalizado. Los legisladores del PRD culpan a la Rectoría General de la institución de no iniciar el proceso y las autoridades universitarias afirman que era obligación de los donantes iniciar el trámite para su donativo.
“Así sucedió en Lerma y Cuajimalpa, nosotros no hicimos ningún trámite, los terrenos nos fueron entregados sin ninguna condición”, señala el vocero de la UAM.
En el predio se buscaba construir un estacionamiento, un centro cultural y un edificio de tres niveles para la docencia, equipado con aulas, cubículos para los profesores y áreas administrativas.
La ampliación de la UAM-Azcapotzalco se proyectó a más de una hora de su matriz. Alonso Raya reconoce que la distancia entre la UAM-Azcapotzalco y el terreno en el que se iba a construir el nuevo campus, hacía imposible que el cuerpo docente impartiera clases en ambos.
Por eso el proyecto contemplaba destinar 300 de los 350 millones de pesos que se le asignaron a la UAM de forma extraordinaria, a la contratación de 79 nuevos maestros y para la creación de 71 plazas administrativas. Es decir, 300 millones de pesos se iban a erogar en el pago de salarios y servicios personales, de acuerdo con los documentos del proyecto que tiene este diario.
Al final, así se hizo, 85% de los fondos se utilizaron para el pago de salarios y servicios personales, pero a los empleados que laboran en otras unidades de la institución que están en operación y no para el nuevo personal de las instalaciones que se iban a construir en la GAM, como se preveía.
En el presupuesto que ejerció durante 2015, la UAM destinó esos mismos 300 millones de pesos para el pago de salarios y servicios profesionales del personal que tenía contratado en el resto de sus unidades, por lo que se trata de recursos que se ejercieron conforme a los fines para los que se habían etiquetado, asegura el vocero de la institución.
En este contexto, Méndez Díaz desestima la existencia de un anteproyecto para la ampliación de la UAM-Azcapotzalco en territorio de la GAM, con el argumento de que el documento con los emblemas y logotipos de la universidad se presentó a petición de las autoridades delegaciones y que sólo pretendía darle seriedad a las partes.
Ante lo que el PRD considera un incumplimiento, en la Cámara de Diputados se ha turnado ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para que se investigue si la UAM cometió una irregularidad en el uso de los 350 millones de pesos que los diputados del partido gestionaron para construir una ampliación que sólo existe en el papel.
El vocero de la UAM advierte que están abiertos a esa y a cualquier otra investigación, puesto que afirma que no existe ningún desvío de recursos, al tiempo que reitera la postura de la institución: el dinero lo etiquetó la Secretaría de Hacienda en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015, conforme a sus facultades, y dice que no hay ningún documento del PRD que acredite lo contrario.
Díaz Méndez va más allá: el anteproyecto para construir una ampliación de la UAM-Azcapotzalco era totalmente inviable y no está contemplado ni a corto ni mediano plazo. Afirma que la edificación de un nuevo campus no era operativa logística ni administrativamente, y el Consejo Académico jamás lo aprobó, lo que jurídicamente impide a la universidad realizarlo.
Agrega que a pesar de las presiones, la creación de una nueva unidad de la UAM tampoco era posible en los terrenos ofrecidos: su cupo era menor a mil alumnos cuando el resto de sus unidades cuentan con capacidad para más de 7 mil estudiantes. El objetivo de la institución, señala, es consolidar sus unidades en Lerma y Cuajimalpa.
La UAM ha fijado su postura en desplegados, en los que califican de infundadas las acusaciones, y de que intenta desprestigiar a la institución, por lo que analiza emprender acciones legales ante la denuncia presentada contra el rector.
