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Madrid.— Una delegación de diputados del Parlamento Europeo inicia hoy una misión oficial en México, donde está previsto que se reúnan con el presidente Enrique Peña Nieto, sin que hasta el momento se haya confirmado dicho encuentro.
Quieren conocer de primera mano la situación de derechos humanos y les preocupan las desapariciones forzadas, la violencia de género y la falta de libertad de prensa.
Una de las eurodiputadas que viaja es Beatriz Becerra, de Unión Progreso y Democracia (UP y D), vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que la situación empeoró en materia de derechos humanos. Dice que el caso de Ayotzinapa marca un antes y un después en el país y reconoce que aunque la Unión Europea (UE) podría paralizar el Tratado de Libre Comercio con México por no respetar la cláusula de defensa de los derechos humanos, “no lo hace porque el Consejo de Europa no lo permite”, por lo que lamenta que el país “no se haya convertido en la locomotora de América Latina”.
No obstante, confía en que México mejore, “aunque sea por interés económico”.
¿Por qué esta visita a México?
—México es un país que nos preocupa. La corrupción es institucional, hay falta de transparencia e independencia judicial. El país está yendo a peor en muchos aspectos, como en violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y narcotráfico.
No se entiende cómo México está en el número 148 de países en lo que a libertad de prensa se refiere, o en el tema de la tortura, en la discriminación y en feminicidios. El informe del relator de la ONU sobre la tortura dice que está generalizada e institucionalizada. En el caso de la violencia de género voy a pedir lo que el embajador de México ante la Unión Europea me prometió hace unos meses: los datos oficiales que tienen, cómo los recogen y qué medidas van a poner en marcha para enfrentar algo que es un clamor. También nos interesa un análisis de la situación de los defensores de derechos humanos y de los periodistas. El país debería ser la verdadera locomotora del continente.
¿A qué achacan la situación actual?
—A la corrupción que está en la base de todo. Es la asunción de que se puede hacer lo que quieras sin ningún tipo de responsabilidad. Un gobierno que pretenda poner orden y quiera aclarar hacia dónde va, tiene que acabar con la asunción de impunidad.
¿El caso Ayotzinapa marca un antes y un después?
—Sí, porque concurría todo: impunidad, corrupción y complicidad. Ese caso demuestra que como consecuencia de la impunidad llega un momento en el que no te importa nada, ni siquiera guardas las formas como le sucedió al alcalde de Iguala y a su mujer. Hay deficiencias claras en la investigación, así que el gobierno por su propio interés tiene que ser coherente y colaborar con el grupo de expertos internacionales que están investigando lo que pasó. El caso no se ha terminado porque no se ha resuelto. Nosotros ya nos hemos entrevistado con los padres de los estudiantes. Dentro de unas semanas habrá una reunión en Bruselas, Bélgica, en la sede del Parlamento Europeo.
México fue el primer país de América Latina en 1999 que firmó un acuerdo comercial con la UE, y como todos los tratados tiene una cláusula de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, no se aplica. ¿Por qué?
—La única capacidad de torcer el brazo a un país son las sanciones, pero no se aplican. La UE puede suspender el acuerdo si no se cumple la cláusula, pero no lo ha hecho nunca con ningún país. Las únicas sanciones han sido a Rusia.
El problema es que el Parlamento Europeo tiene muchas limitaciones de actuación. Es un órgano colegislador que está atado de pies y manos por el Consejo, que es el que colegisla y el que puede bloquear las cosas. Los eurodiputados no tenemos capacidad legislativa parlamentaria. Es decir, que quienes tienen el poder de sancionar son los jefes de Estado y de gobierno. Los diputados podemos denunciar, tenemos capacidad de movilización, de sacudir conciencias, pero no tenemos capacidad ejecutiva o legislativa propia.
¿Y los jefes de Estado y de gobierno no quieren poner sanciones porque impera el factor económico?
—No sólo el económico, también el diplomático.
¿Y cuál es el papel del Parlamento Europeo?
—La Comisión Europea propone las sanciones y el Consejo Europeo las aprueba. El papel del Parlamento Europeo es no dejar de señalar aquello que no está bien hecho. Por eso debemos ir a México para señalar lo que no se cumple. No vamos a pasear ni a darle la mano al Presidente. Vamos a enterarnos de lo que pasa allí.
¿Se sienten impotentes?
—Muchísimo. Pero hay que seguir trabajando. Nuestra función es ocupar cada vez más espacio.
Ustedes muchas veces han denunciado que en México hay leyes incompatibles con los convenios internacionales.
—Sí. Por ejemplo, hay algunas leyes que supeditan la pena que se impone a si ha habido o no castidad en la víctima. Es decir, depende de qué tan casta haya sido la víctima para que le caiga una pena u otra al acusado.
También la detención administrativa sin cargo es incompatible con la seguridad jurídica de un ciudadano.
Las leyes deberían cambiar, pero para que se cumplan tiene que haber una separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
También debería aprobarse de manera urgente una Ley de Violencia de Género contra la violencia en el hogar. Si cambias el reconocimiento y la protección de la mitad de la población de golpe, el país cambia. El problema no es sólo de leyes, es también cultural.
¿Es optimista con el futuro del país?
—La situación es preocupante, pero también prometedora. Aunque sólo sea por interés económico, México tiene que cambiar.
