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México enfrenta una impunidad “generalizada”: todas las entidades del país registran el problema y 25 de ellas tienen “muy alta” y “alta” incidencia, revela la investigación que durante nueve meses realizó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.
El resultado es el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, que detalla que la media nacional de este fenómeno se ubica en 67.42 puntos, a partir del análisis de 17 indicadores específicos por cada entidad del país.
La ineficacia institucional en materia de procuración e impartición de justicia forma una cadena de impunidad: desde la comisión del delito, la integración de una averiguación previa, la investigación, la posible condena de un inculpado y la reparación del daño a la víctima, destaca el documento con los resultados del estudio de la UDLAP, que encabeza Luis Ernesto Derbez.
La investigación arroja que en el país sólo siete de cada 100 delitos cometidos se denuncian. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013 apuntan que la “cifra negra” alcanzó no menos de 92.8%.
Del total de los delitos consumados sólo 4.46% llegan a una sentencia condenatoria; la impunidad alcanza así 99%, puesto que sólo 1% de los crímenes son castigados.
Para el diagnóstico se seleccionaron 17 variables de los sistemas de seguridad y justicia, excepto la dimensión de las garantías individuales, “puesto que se encontraron vacíos en los reportes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos”.
Concluyó que 13 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada: Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur.
Las 11 entidades con un grado de impunidad alta son: Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato.
En el documento se clasificó a Michoacán en el grado de impunidad atípica, con 67.71 puntos, que está por encima de la media nacional, “considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y reestructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”.
Al analizar las variables se obtuvo que con el grado de impunidad media se ubican Chiapas, Chihuahua, Sonora, Distrito Federal y San Luis Potosí; mientras que el nivel bajo está en Nayarit y Campeche.
El estudio revela que ante las condiciones que presentan cada una de las 25 entidades existe un problema de gobernanza “que rebasó a todas las instancias de gobierno, que no pueden atender este problema de manera aislada”, ante un fenómeno multifactorial.
Se encontró también que el promedio nacional de magistrados y jueces en el ámbito local es de 3.5 por cada 100 mil habitantes; y que el personal penitenciario de las cárceles estatales es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos, por debajo del promedio del Índice Global de Impunidad 2015, que fue de 47 por cada 100.
“En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es de 30%, con respecto a la capacidad instalada en los centros de reclusión. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de 17%”, concluye el informe.
A partir de los resultados del IGI-MEX 2016 —que se elaboró bajo la coordinación de los investigadores Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara— se emitieron 16 recomendaciones claves para revertir este fenómeno, como impulsar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local.
Se advierte que el nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados.
Otros puntos que propone el IGI-MEX 2016 es revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia de los estados; garantizar la autonomía de las fiscalías; evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario, así como la autonomía de las comisiones de Derechos Humanos de cada entidad. También se plantea aplicar sanciones ejemplares cuando se presenten casos de conflicto de interés por parte de los servidores públicos en el uso de recursos públicos, entre otros.
