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Organizaciones civiles consideran como algo preocupante la criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos en el país, cuyas agresiones son cada vez mayores.
En conferencia de prensa, en el marco de la presentación del informe del Observatorio Mundial Contra la Tortura, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), indicó que, según los datos que ha recopilado la organización, las agresiones a defensores de derechos humanos pasaron de 10, en 2010, a 109 casos, en 2015.
En total en estos cinco años se recabaron 240 casos de agresiones en temas ambientales. “Esto nos parece grave porque el informe que realizamos no es exhaustivo. No representa la totalidad de agresiones a defensores ambientales, sino que son sucesos que salen en notas o que en el área de defensa llevamos o asesoramos”, dijo Felipe Romero, abogado de esa organización.
El coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), José Antonio Lara, afirmó que sólo en el Estado de México se han registrado 150 casos de agresiones a defensores ambientales entre 2012 y 2015, un promedio 50 por año.
El informe del Observatorio subrayó el rol de las empresas y del poder judicial en la criminalización de los defensores y esto a pesar de la obligación que tienen de respetar las garantías y la legitimidad de la protesta social pacífica contra megaproyectos o la extracción de recursos naturales.
“Criminalizar a quienes defienden los derechos humanos y los de la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado, por lo que resulta fundamental que los jueces federales y fiscales de la región no sean cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos”, se estipula en el informe.
