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Integrantes de Amnistía Internacional México denunciaron ante el secretario global de la organización varias irregularidades en su oficina nacional, especialmente en materia de transparencia en el ejercicio del presupuesto e inestabilidad en la toma de decisiones, lo que les impide conducir la operatividad de la sección y lograr las metas de sustentabilidad financiera del organismo.
La denuncia la presentaron en noviembre los integrantes de las Coordinaciones de Incidencia en Políticas Públicas, Comunicación y Activismo, lo que provocó la renuncia del director ejecutivo de la oficina de la organización internacional en México, Perseo Quiroz Rendón.
“Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento nuestras preocupaciones en relación con la existencia de lo que consideramos son graves problemas de gestión de la sección, que impactan negativamente en el trabajo de la organización, el impacto en derechos humanos, la atención a las y los miembros y la movilización de personas para lograr un mundo más justo”, señala la carta enviada a Lilian Mayagoitia Novales, presidenta de la Asamblea General 2015-2016 de Amnistía Internacional (AI).
El documento, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, indica que entre las irregularidades están la falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto de la organización; los procesos discrecionales de selección y contratación de personal, y concesión de contratos a terceros de forma facultativa que se realizan según los procesos de licitación; así como la falta de políticas para el desarrollo y cumplimiento de procesos y rendimiento del personal.
Señala también la contratación de una coordinadora de financiamiento que recibe un salario tres veces mayor al de sus pares, el gasto de un millón de pesos en consultorías fuera del presupuesto de la organización, y un aumento salarial de la dirección ejecutiva sin haber cumplido con los procesos y políticas establecidas por el organismo en la materia. Por lo anterior, aseguran que “se pone en riesgo la estabilidad financiera de Amnistía Internacional México”.
También expusieron que estas irregularidades tienen implicaciones perjudiciales para efectos de la sostenibilidad financiera de la sección de Amnistía Internacional en el país, puesto que se considera que hay “carencia de instrumentación de políticas en general que derivan en inestabilidad en toma de decisiones y falta de prioridades y objetivos claros”.
Piden corregir irregularidades. Los integrantes de la organización exigieron que sean investigadas y corregidas las fallas señaladas.
La primera carta de denuncia fue enviada el 13 de noviembre de 2015 a Erika Guevara, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional y a Liliana Velázquez, presidenta del Comité Directivo de la organización en México.
Tras ese primer documento, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, presentó su renuncia el 16 de noviembre a Liliana Velázquez. En su carta de motivos acusó a los integrantes de la organización que hicieron la denuncia de irregularidades.
“Hago énfasis en que la falta de profesionalismo recurrente, la falta de orientación a resultados y falta de experiencia por parte del staff que suscribe el documento, así como la confusión y mal entendimiento de sus derechos y obligaciones para con el movimiento y la sección, ponen en jaque el proyecto de crecimiento e impacto en derechos humanos de Amnistía Internacional México”, escribió Quiroz Rendón.
Agregó que el comportamiento por parte del personal “es alimentado por la cultura organizacional existente en mucho personal asalariado de Amnistía Internacional (…) Es necesario que aquellas personas que laboramos en estas instituciones dejemos de anteponer nuestros intereses personales a aquellos de las y los tenedores de derechos, y que tengamos consciencia del privilegio que implica laborar en un lugar como éste”.
El 28 de noviembre, los integrantes de la denuncia afirmaron que ante la falta de efectividad de las vías de interlocución, de avances, de transparencia y participación, así como la gravedad de los hechos relatados, “nos vemos en la necesidad de acudir directamente al órgano máximo de toma de decisiones de la organización por el interés que suscita la gravedad del asunto y su impacto en el logro de los objetivos de derechos humanos”.
