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julian.sanchez@eluniversal.com.mx
El sistema de salud mexicano carece de un mecanismo de mejora de la calidad de los servicios, como lo es la entrega de medicamentos, demora en la realización de cirugías y estudios médicos y no se cuenta con un sistema de información que permitan a las autoridades cumplir con las obligaciones a las que legalmente están comprometidas.
“Esto impide a las autoridades de salud de las 32 entidades federativas, de las 660 jurisdicciones sanitarias y de la federación garantizar el acceso efectivo para la población. En los sistemas de información de que dispone el sector, los datos están incompletos, no son consistentes y presentan errores”, concluye el primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud, realizado por la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa plural de la sociedad civil de reciente creación, que pretende enfrentar las causas y eliminar las barreras que generan pobreza y desigualdad.
Este grupo, conformado por más de 50 organizaciones sociales, asegura en un estudio que en México hay evidencia de la falta de acceso efectivo a la salud, la afiliación no es suficiente, la calidad de los servicios deja mucho que desear, los órganos del sector no rinden cuentas en los estados y hay cobro por la atención que la ley establece como gratuita.
El análisis, en el cual participaron Rogelio Gómez Hermosillo y Mónica Orozco, considera que el Estado tiene la obligación de contar con un enfoque integral de mejora de los servicios, pues existen cuantiosos recursos y la infraestructura institucional para la integración de un sistema de información adecuado y los mecanismos de mejora de la calidad y acceso efectivo que abonen al ejercicio del derecho de salud.
Para medir el acceso efectivo a la salud, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza utilizó tres tipos de información que ofrecen una mirada complementaria, aunque no exhaustiva, de la situación que prevalece en materia de uso y calidad de los servicios.
Los tipos de información utilizados fueron la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), del Instituto Nacional de Salud Pública correspondiente a 2012; los registros administrativos del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (Indicas), así como datos reportados de usuarios de servicios de salud a través de cuestiones de medición ciudadana aplicados entre julio y octubre de 2015.
Con esos instrumentos se detectó que a nivel nacional, uno de cada tres pacientes que acude a los servicios públicos de salud no recibe sus medicamentos, aunque “los indicadores de la Secretaría de Salud (Ssa) refieren cifras más optimistas en comparación con lo que sucede en la realidad”.
La información del sistema Indicas señala que 84.2% de los usuarios se les surtieron completos sus medicamentos desde la primera vez.
Esta información es inconsistente tanto con los datos de la Ensanut como con el ejercicio de observación ciudadana desarrollado por diversas organizaciones de forma independiente para este trabajo, aclara.
Entre quienes fundaron Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se encuentran: el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Iberoamericana, el Centro Lindavista, México Evalúa, IMDOSOC, y la Fundación Merced.
El documento de este grupo de organizaciones, menciona que el dato de Indicas sobreestima el desempeño del sector salud en el surtimiento de medicamentos por más de 20 puntos porcentuales.
La Ensanut indica que 63% de las personas consiguieron todos los medicamentos en el mismo lugar de la consulta cuando se trata de pacientes que recibieron servicios en la Ssa, y asciende a 64.7% en el caso del total de pacientes que recibieron servicios de salud.
De la observación ciudadana para esta investigación, deriva que sólo 62.4% de los pacientes recibieron sus medicamentos completos.
“No obstante la sobreestimación del desempeño en el surtimiento de medicamentos en el Sistema Indicas, los datos disponibles muestran que a nivel nacional 64.3% de las unidades urbanas de primer nivel tuvieron fallas considerables en la entrega de medicamentos completos a los pacientes en detrimento de su salud, el apego al tratamiento e incrementando el riesgo de provocar mayores complicaciones en la salud. En el medio rural este porcentaje ascendió a 59.5%”.
Resalta que de acuerdo con la investigación 42.3% de las personas que tuvieron alguna intervención quirúrgica en los servicios públicos se vieron en la necesidad de pagar por algún material (como vendas, gasas) o medicamentos para la operación y que el tiempo promedio de espera para recibir consulta se estima en 22 minutos.
