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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) canceló por incumplimiento el contrato con la empresa Tradeco y su socio Grupo IGSA, que se encargaría de la construcción y equipamiento de un nuevo inmueble para sustituir al Hospital Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, por estar a punto de colapsarse, confirmó el director general del organismo, José Reyes Baeza.
Los constructores serán penalizados con casi 100 millones de pesos, además de que por no cumplir con la demolición en meses pasados fueron sancionados con 46 millones de pesos, según autoridades consultadas.
El ISSSTE está por cobrar la fianza de 150 millones de pesos, en caso de incumplimiento por alguna de las partes. En este caso, la autoridad federal podrá recuperar esa cantidad en su favor.
En suma, Tradeco e IGSA —aglutinados en Preiton SAPI de CV— perderán alrededor de 300 millones de pesos y un contrato por 8 mil 68 millones 663 mil 811 pesos, pagaderos a 25 años con una erogación anual de 322 millones de pesos. Al término del periodo la obra pasa a ser propiedad del Estado.
De acuerdo con fuentes oficiales, hubo diversos incumplimientos en el contrato por parte de la compañía responsable de la edificación, entre ellos, tardanza en la demolición.
“La factibilidad jurídica en el futuro cercano es muy probable, habrá que consultarlo y consensuarlo con la Secretaría de la Función Pública y hacer una invitación a por lo menos tres empresas desarrolladoras que puedan participar en la nueva licitación”, dijo ayer Reyes Baeza a EL UNIVERSAL.
Se consultó a la empresa Tradeco sobre esta determinación tomada el 4 de noviembre por el ISSSTE, y explicaron que hace unos meses el instituto planteó cancelar el contrato.
Por ello comenzó una negociación que aún no concluye y que consistió en la presentación, el 20 de octubre, de un cierre financiero que garantiza el efectivo suficiente para concluir la obra y explicaron que Grupo Financiero Interacciones fue quien apalancó a la sociedad Tradeco-IGSA, por lo que en los hechos se convierte en un tercer socio; sin embargo, precisaron las fuentes, hasta ahí iban en la negociación.
Reyes Baeza reconoció que falló la contratación de esta obra licitada con el novedoso esquema de Asociación Público-Privada (APP), ya que la empresa incumplió con la ampliación del plazo que se le otorgó para presentar el cierre financiero el 31 de octubre pasado.
“La factibilidad jurídica en el futuro cercano es muy probable; habrá que consultarlo y consensuarlo con la Secretaría de la Función Pública y hacer una invitación a por lo menos tres empresas desarrolladoras que puedan participar en la nueva licitación”, dijo ayer en Hermosillo el funcionario.
“Yo estoy seguro que con la nueva licitación vamos a analizar el detalle técnico y financiero de los participantes para asignar la obra a quien no sólo haga la mejor oferta, sino a quien dé certeza de cumplimiento de las obligaciones trazadas en la licitación pública”, dijo e incluso, a Tradeco se le impondrán sanciones en este caso, y precisó que para ello también existen las fianzas en las licitaciones, actuación que realizará el área correspondiente del ISSSTE.
Calificó este caso como una experiencia que sucede en las licitaciones, ya sea con recursos públicos o privados, cuando hay un constructor que no tiene el respaldo financiero y puede quedar mal con el calendario trazado y este caso no fue la excepción.
Causaba infecciones a pacientes. Un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la justificación de la inversión señala que “la infraestructura disponible del hospital se encuentra en malas condiciones físicas, con daños estructurales ocasionados por los sismos de 1985. El hospital presenta una insuficiencia de camas censables, lo que ha dado como resultado que se tengan que diferir servicios de cirugía y especialidades”.
También reconoció que el número de consultorios de especialidades “es insuficiente para la atención de toda la derechohabiencia demandante. Esta falta de espacios ocasiona infecciones cruzadas por encima de los parámetros establecidos”.
Adicionalmente, “todo el servicio de consulta externa se encuentra seccionado en el edificio, lo que hace que se tenga gente en tránsito saturando elevadores y pasillos”.
Para las autoridades, el inmueble actual “ha rebasado su vida útil, cuenta con severos daños estructurales, y ya no es posible otorgar una adecuada prestación de servicios médicos a los derechohabientes del instituto. Se pretende desmantelar y demoler la unidad hospitalaria actual y construir un nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar en sustitución del actual en el mismo terreno”.
El hospital cerró en 2012. Bajo esas circunstancias, el gobierno decidió licitar la obra bajo el novedoso esquema de asociación público-privada.
El pasado 17 de febrero, este diario publicó un reportaje donde Luis Antonio Godina Herrera, secretario general del ISSSTE, informó que la edificación costaría mil 223 millones de pesos y tardaría 22 meses, por lo que preveían que podría iniciar sus actividades a finales de 2016 o principios de 2017.
Más problemas. Aunado a lo anterior, el 28 de mayo de 2015 a la empresa encargada de la construcción del nuevo hospital le embargaron parte del negocio. Tradeco se alió con otros empresarios y crearon Preiton para edificar el hospital. Sin embargo, debido a adeudos de Tradeco le fue embargada su parte de Preiton, según documentos en poder de EL UNIVERSAL.
A solicitud de este diario, Tradeco admitió el problema del embargo y precisó que estaba en negociaciones con Contrata-Todo SA de CV, debido a un adeudo.
Un documento del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal señala que “se embargaron las acciones de la empresa Preiton SAPI de CV de las que Tradeco Infraestructura es titular, por lo tanto, procédase a notificar a Preiton SAPI de CV”.
Consentida. Federico Martínez Urmeneta, presidente de Tradeco Infraestructura, comenzó a colocarse en las listas de los 100 empresarios más importantes del país en las revistas de negocios a finales del sexenio del ex presidente Felipe Calderón.
A las fiestas de cumpleaños del hoy presidente del Senado, el panista Roberto Gil, ex secretario particular de Calderón, asistía el constructor, quien es amigo de Patricia Flores Elizondo, ex jefa de la Oficina de la Presidencia con Calderón Hinojosa.
El PRI en el Senado, a principios de este año, puso en la mira a Federico Martínez, pues presumen que en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se benefició con contratos, presuntamente irregulares, por 20 mil millones de pesos en obras. Una de las más grandes fue el Puente Baluarte, que une a Sinaloa y Durango, emblemática del calderonismo.
Desde finales de 2014 circuló un expediente de Tradeco con detalles de las amistades de Martínez Urmeneta y el cúmulo de contratos obtenidos en los gobiernos de Fox y Calderón. El documento, sin ningún logotipo oficial, llegó a las manos del empresario. “Tengo una vida muy aburrida, no hay nada extraordinario”, dijo en una entrevista con este diario el pasado 19 de abril.
—¿Tradeco fue la empresa consentida del calderonismo?
—No, de ninguna manera. Afortunadamente nosotros crecimos mucho en ese sexenio, pero hemos crecido en todos, la empresa empieza de cero en 1992, tenemos un avance importante en esos tres años, en el sexenio del presidente Carlos Salinas. Luego en el de Ernesto Zedillo hicimos cosas importantes. Con Vicente Fox empieza nuestro crecimiento en Sudamérica. Otras empresas constructoras mexicanas también tuvieron gran crecimiento con Calderón: Carso, ICA, Infra, dijo.
