Mientras la protección de datos personales en posesión de particulares funciona bien, los datos en poder del sector público no se protegen con la misma eficacia, reconoció Areli Cano Guadiana, comisionada del INAI.
Durante el Encuentro por la Transparencia Sindical y Protección de Datos Personales de los Trabajadores, explicó que mientras la ley permite proteger bien los datos en posesión de particulares, “no tenemos el mismo éxito en la ley del sector público”.
Al moderar el panel “Derechos ARCO de los Trabajadores”, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que dentro del proyecto de ley general que analiza el senado, se discute el tema.
La intención es separar la Ley Federal de Transparencia, de lo relativo a los datos personales en poder del sector público. La protección de datos personales y la transparencia son derechos autónomos y debemos sugerir al Congreso que exista autonomía de ambos, pues corren por vías totalmente separadas, aclaró.
En el proyecto de Ley también se considera a los sindicatos como sujetos obligados y responsables en materia de protección de datos personales. Las funciones de los sindicatos requieren del tratamiento de datos personales para la adecuada satisfacción de sus objetivos gremiales, con el propósito de defender intereses individuales y colectivos para negociar las condiciones de trabajo, así como para la organización interna, recordó.
Durante el mismo panel, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, apoderada general del SNTE, externó que es un gran reto para su organización la protección y tratamiento de los datos personales de más de 2 millones 300 mil agremiados.
Reconoció la necesidad de que el SNTE se modernice y reforme sus disposiciones internas para garantizar la privacidad de los maestros y que sus datos personales no sean utilizados para otros fines.
A su vez, Issa Luna Pla, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que las leyes de protección de datos personales son fundamentales, y la que se discute en el Senado contempla disposiciones más estrictas para el sector público.
Está previsto que las bases de datos personales, en posesión del sector público o privado, tengan una finalidad específica y temporalidad y cuando éstas se hayan cumplido deberán ser destruidas para que no se usen con otros propósitos.
En su oportunidad, la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Ascensión Morales Ramírez, expuso que en materia de datos personales se ha incrustado el derecho mercantil con el derecho social. Por ejemplo en el tratamiento de los datos de los trabajadores por parte de las administradoras privadas de fondos para el retiro.
Se está dejando en la indefensión a los trabajadores ante el abuso de sus datos personales por parte de los intermediarios de las administradoras de estos fondos, que propician que el trabajador cambie constantemente de una a otra, y no precisamente porque les ofrezcan mejores condiciones.
tpc
