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Washington.— El gobierno de México y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acordaron dar seguimiento al trabajo que pasará por la ampliación de la investigación abierta para esclarecer la verdad sobre la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La investigación, en opinión de los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), permitirá “relanzar” las pesquisas para esclarecer el paradero de los estudiantes y, en opinión de los peticionarios y de los abogados de los familiares, deberá “reestructurar” la averiguación con los hallazgos del GIEI.
“Se ha decidido relanzar la búsqueda y la investigación”, aseguró Ángela Buitrago, del GIEI, en alusión al acuerdo que se alcanzó con el Estado mexicano que, en opinión de Mario Patrón, del Centro Pro-DH y parte del grupo de peticionarios, y de Abel Barrera, abogado de los familiares, deberá buscar la “reestructuración” a partir de los hallazgos de los expertos de la CIDH. “Ayotzinapa debe ser un punto de inflexión y no retorno”, dijo Patrón.
La duración de este nuevo mandato, en principio de seis meses, se decidirá antes del próximo 31 de octubre, cuando la CIDH deberá pronunciarse sobre la petición para la prórroga de los trabajos, que podrían ampliarse medio año más, aseguró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
El acuerdo suscrito por ambas partes, luego de más de un mes de intensas negociaciones, busca establecer las nuevas reglas para que el GIEI pueda colaborar como coadyuvante en la investigación que asumirá la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Eber Omar Betanzos Torres.
El hecho de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ceda el caso a la de Derechos Humanos de la PGR fue considerado como “una de las mejores noticias” por organizaciones defensoras de los derechos humanos. “Creo que la decisión de trasladar la investigación, una petición deslizada por el grupo de expertos, y de crear un equipo nuevo ha sido muy importante”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).
En una minuta de 10 puntos, ambas partes establecieron así la necesidad de que la SEIDO delegue de forma inmediata la investigación “proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación” a cargo de Betanzos Torres.
Tras este proceso de entrega, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y el grupo de expertos de la CIDH trabajarán de forma conjunta a partir de un plan de trabajo que aún tendrá que sortear algunos aspectos que serán claves en esta nueva fase de la investigación.
“Uno de los aspectos más importantes es que, en esta nueva fase, el nuevo equipo de investigación integrará el informe del GIEI. Además, participaremos en la elaboración de las recomendaciones y orientaciones”, explicó Carlos Beristáin, miembro del grupo de expertos.
Entre los capítulos más espinosos, y en el que ambas partes aún tendrán que ponerse de acuerdo, está la petición de los expertos para participar en los interrogatorios que han solicitado de varios elementos del Batallón 27 de Infantería del Ejército, destacamentado en la ciudad de Iguala.
“Nos gustaría estar presentes en los interrogatorios porque los consideramos importantes. Sabemos que varios miembros de este batallón estuvieron presentes en los incidentes”, aseguró Ángela Buitrago, al aclarar que el hecho de interrogarlos no significa que los consideren responsables de nada.
En este punto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que la decisión de permitir que los militares sean interrogados por el GIEI corresponderá al Ministerio Público.
Otro aspecto polémico es la realización del tercer peritaje anunciado por la PGR para tratar de ofrecer un veredicto definitivo sobre la incineración de los 43 cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, refutado por el GIEI.
El experto Carlos Beristáin reafirmó que el peritaje que realizó José Torero, de la Universidad de Queensland, Australia, “es absolutamente cierto y no tenemos duda sobre ello”. Sin embargo, hay negociaciones para la confección de la lista de expertos que deberán participar en el tercer peritaje.
“Los expertos que pudieran participar en este peritaje deberán incluir a José Torero y además deberán establecer objetivos claros para no generar nuevas situaciones de confusión. Además, los criterios para elegir a este grupo deberían ser acordados por la PGR y por nosotros. Nosotros ya le hemos enviado a la PGR una lista de seis expertos”, reveló Beristáin.
Claudia Paz y Paz, otra experta, reveló que hay una petición directa del gobierno de México al Departamento de Justicia para proseguir con la línea de investigación que tiene que ver con el denominado quinto autobús que, al parecer, habría llevado heroína.
“Nos parece que esa línea de investigación se tiene que agotar, ya que actualmente hay dos casos abiertos en cortes de Atlanta y Chicago contra la organización Guerreros Unidos”, comentó la especialista.
Buitrago consideró además que entre las recomendaciones se debe investigar a funcionarios que participaron durante la investigación para determinar si acaso hubo omisiones, entre ellos el hoy ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam.
