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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a buscar y entregar información estadística sobre desapariciones forzadas de 1960 hasta febrero de 2015.
La Sedena respondió al solicitante de información que no encontró en sus archivos nada por tratarse de hechos del fuero común o federal, pero a propuesta del comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, el órgano colegiado revocó dicha respuesta.
Un ciudadano solicitó a la Sedena, por medio de la Ley de Transparencia, las estadísticas o cualquier registro sobre el número de hechos investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar y el número de sentencias expedidas, número de ofendidos o víctimas por cada evento y su sexo, número de elementos sentenciados por cada evento y el estado en donde sucedieron los hechos en cada investigación.
En el análisis del recurso se determinó que la Sedena incumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la ley, porque sólo turnó el requerimiento a la Procuraduría General de Justicia Militar y no a otras unidades administrativas competentes que ya han otorgado información análoga a la solicitada en este caso.
De lo anterior, se desprende que la Sedena sí cuenta con atribuciones para para conocer sobre la información solicitada y derivado de una consulta sobre estos casos se localizaron algunas solicitudes de información análoga, las cuales sí fueron atendidas por la Unidad de Enlace de la Sedena.
Sobre la búsqueda de la información, se determinó que el solicitante no tuvo la garantía de que ésta haya sido exhaustiva en todas las áreas.
El Inai revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó a que realice una nueva búsqueda de información en todas sus unidades administrativas y la entregue al recurrente en los términos en los que obra en sus archivos.
Además, consideró procedente dar vista al Órgano Interno de Control de la Sedena para que inicie el o los procedimientos de responsabilidad correspondientes, ya que no se dio respuesta en los plazos previstos por la ley.
