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Para definir el futuro de las más de 700 hectáreas que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se va a realizar un estudio sobre las potencialidades y la sustentabilidad del terreno, ya que se trata de una oportunidad irrepetible para el aprovechamiento de una zona urbana que equivale a dos bosques de Chapultepec, adelanta el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jesús Murillo Karam.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal advierte que antes de realizar foros públicos sobre el destino de los terrenos que serán liberados por la construcción de una nueva terminal aérea programada para el año 2018 en el Estado de México, es necesario contar con un estudio completo sobre los cuerpos de agua que existen en sus inmediaciones, su situación geográfica y la densidad demográfica que existe en esa zona, localizada al oriente de la ciudad de México.
La propuesta de realizar foros públicos sobre el destino de las más de 700 hectáreas que actualmente ocupa el aeropuerto capitalino fue planteada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el pasado 7 de marzo, fecha en la que el secretario de Desarrollo Económico del DF, Salomón Chertorivski Woldenberg, hizo el anuncio ante arquitectos.
“El Presidente de la República ordenó que se haga un estudio muy serio sobre las posibilidades de los terrenos de lo que hoy es el aeropuerto y de lo que podría hacerse con él. El Presidente lo ve como una enorme oportunidad para la ciudad de México de diseñar, lo que le parezca a la ciudadanía y a los expertos, la mejor opción y destino para este lugar”, apunta.
Sin polemizar con el gobierno capitalino, con el que reconoce acercamientos para abordar el futuro de los terrenos que ocupa el actual aeropuerto, Murillo Karam expresa la voluntad del gobierno federal para recoger las ideas que se presenten en los diálogos públicos anunciados por el jefe de Gobierno, pero reitera que la mejor opción para la capital del país será la que se derive del estudio ordenado por la Presidencia e instrumentado por Sedatu.
“Lo que haría con esos diálogos sería tomar todas las ideas que sean necesarias de estos diálogos que se están planteando, pero después —cuando ya tengamos todas las potencialidades bien mostradas técnicamente— empezar a hacer un análisis de qué es lo más conveniente para la ciudad de México, basado en los proyectos técnicos que tengan sustento”, sostiene el funcionario.
Analizarán futuro del lugar
Sin embargo, el ex procurador general de la República —cargo del que se niega a hablar en función de su actual responsabilidad— reconoce que no hay fecha para la presentación del estudio y únicamente adelanta que serán tres diferentes instancias gubernamentales las que participen en su elaboración, por lo que ofrece coordinarse con las autoridades locales a cargo de Mancera Espinosa.
“Hay cosas que tienen que tomarse en cuenta para la decisión de cuál es el futuro del lugar, su situación geográfica, su ubicación dentro de la ciudad; el asunto del agua en sus alrededores es un asunto muy importante, la capacidad que pueda tener de densidad. En fin, una serie de factores, que es muy importante que tengamos muy claros, para que podamos tomar una decisión correcta”, revira.
Reconoce que durante el debate sobre el futuro de los terrenos que hoy pertenecen al aeropuerto capitalino, uno de los temas que se van a priorizar es la reinstalación o respeto a los cuerpos de agua que existen en las inmediaciones de la zona, con lo que se busca evitar inundaciones y hundimientos en el Distrito Federal.
“Será un factor fundamental, no sólo para que estos cuerpos de agua puedan evitar los hundimientos, sino también para evitar inundaciones, se tienen excelentes moduladores para la cantidad de agua que hay en el lugar, yo creo que también sería una oportunidad que lograría muchos propósitos, no sólo el cuidado de la zona, no sólo la posibilidad de rehacer todos los acuíferos, sino además para darle un ambiente de tranquilidad a esa parte de la ciudad”, insiste el secretario.
El reordenamiento derivado de la construcción de un nuevo aeropuerto, advierte, sólo puede darse cuando existe un análisis serio sobre el impacto de las obras que se planean para las 710 hectáreas que se van a desocupar por la reubicación de la terminal aérea, pero también cuando se respeta el ámbito de competencia de cada autoridad.
“Vamos a cuidar que las cosas resulten lo mejor posible para la ciudad, y al decir para la ciudad me refiero fundamentalmente a los que viven en ella y a quienes la visitan”, externa.
Para “no ser ahorcado” por sus propias palabras, agrega que no existe un plazo fatal o fecha límite para la entrega de este plan estratégico que servirá para el reordenamiento de la ciudad de México.
Mayores facultades
Si bien las urbes de Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, no enfrentarán en el futuro inmediato a la liberación de 700 hectáreas como en el caso del DF, también requieren elaborar o modificar sus actuales planes estratégicos de crecimiento urbano.
En este sentido, urge a realizar un cambio legislativo para que todas las zonas urbanas del país estén obligadas a generar y respetar planes de reordenamiento urbano, los cuales deberán tener una vigencia de entre 20 a 30 años como sucede con las grandes ciudades europeas.
“El reordenamiento se requiere prácticamente en todas las ciudades grandes del país, se requieren de planes que tengan cierta permanencia, que duren entre 20 y 30 años. Y que solamente pueden ser modificados porque haya alguna cuestión verdaderamente urgente o emergente que pudiera generar dicha modificación”, expone.
Murillo Karam detalla que un cambio para otorgarle dicha atribución al gobierno federal requiere de consensos con los gobiernos estatales y municipales, ya que no se trata de imponer reglas de la Federación a los estados y municipios, pero sí de lograr permanencia de los planes estratégicos.
“De otra manera, seguiremos viviendo en la circunstancia, esto es lo que quiero replantear en la función de esta secretaría, que el reordenamiento territorial —desde luego en conjunción con las autoridades locales, tanto municipales como estatales— se derive de planes que tengan permanencia, que estén bien hechos para que tengan esa permanencia”, puntualiza.
Añade que para lograr esa coordinación es necesario que la Sedatu cuente con mayores facultades normativas, como por ejemplo, que pueda prohibir nuevas construcciones en función de variables como condiciones de movilidad, capacidad del Estado para el abasto de agua y densidad demográfica, sin que esto implique alguna imposición para los gobiernos locales.
Rechaza que se vayan a invadir facultades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que la Semarnat define otros “no” para una obra o construcción, pero en función de los estudios de impacto ambiental.
“No es una secretaría que debe decir en dónde sí se puede construir en los municipios, pero sí es la que puede señalar los lugares en lo que no se puede y no se debe construir. La Semarnat dice ‘no’ por razones ecológicas, nosotros también diríamos ‘no’ por cuestiones de densidad demográfica, de comunicación, de movilidad, de abasto de agua, son razones distintas. Son facultades que deberían darse, aunque sea en función de convenios”.
Rechaza que la Sedatu pueda convertirse en rehén de los intereses que defienden las empresas constructoras e inmobiliarias, porque las facultades de esa dependencia para negar los permisos de nuevas obras e inmuebles le impedirían entregar autorizaciones sin que existan justificaciones para edificar un proyecto.
El funcionario federal advierte que “precisamente para eso serían las facultades, para que se construya donde se debe, donde se determine que es útil, conveniente, adecuado, todo lo que tiene que tener como característica una ciudad para que se viva bien, en donde deberá haber espacios públicos suficientes”.
