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El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión votará este viernes que antes de 15 días naturales, esto es el 28 de agosto próximo, el IMSS e ISSSTE presenten un informe “sobre las supuestas acciones tendientes a privatizar los servicios de salud” de ambos institutos, aunque de antemano advirtieron que eso requiere una reforma legal que no ha pasado por sus manos.
En un dictamen aprobado por unanimidad, diputados y senadores de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso advirtieron que una hipotética privatización a ambas instituciones requiere de una reforma a la ley.
“Privatizar los servicios de salud de segundo y tercer nivel que brindan el IMSS y el ISSSTE, contravendría el derecho consagrado por la Constitución y la legislación, ya que generaría una disminución o detrimento en la calidad de los servicios de salud que brinda el Estado”, expone el dictamen que será puesto a consideración del pleno en su sesión de este viernes.
El órgano del Congreso recibió propuestas con punto de acuerdo de legisladores del PAN, PT, PRD con exigencias de que versiones de privatización de las instituciones de seguridad social sean rechazadas por las autoridades.
En el dictamen, que llegará este viernes al pleno de la Comisión Permanente, se refieren algunos de los mensajes que se divulgaron en las redes sociales, con el señalamiento de que a partir de agosto (en curso ya) los institutos de seguridad social “se convertirán en un solo seguro universal”.
La información anónima planteaba de manera dolosa que se atenderán enfermedades “simples”, pero en lo que respecta a enfermedades crónicas degenerativas, éstas saldrían del cuadro de atención. “Nos van a costar diálisis, cirugías, tratamiento para cáncer, hipertensión, etcétera”.
Tras analizar el tema, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estableció que “el Estado debe velar por el derecho a la salud de las personas”, y en ese sentido el Sistema Nacional de salud tiene como objetivo primordial proporcionar atención a toda la población.
Deja en claro que privatizar los servicios de salud de segundo y tercer niveles contravendría el derecho que se encuentra señalado en la Ley General de Salud. “No hemos recibido ninguna propuesta presentada al Congreso, en la que se diga sobre la privatización de los servicios de salud”.
