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La Procuraduría General de la República (PGR) confía en que el gobierno de Panamá conceda la extradición del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, debido a que México ha respetado en todo momento las formalidades del procedimiento.

Luego de su participación en la inauguración del Primer Simposio Nacional de Ciencias Forenses, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, reiteró que el gobierno panameño cuenta con 60 días para resolver si concede o no la extradición del ex gobernador.

“Estamos haciendo todo el proceso jurídico para que sea entregado, seguramente se concederá la extradición por las solicitudes formales que se han presentado, México tendrá que ir a Panamá a recogerlo cuando le sea entregado a Interpol de Panamá y de ahí a Interpol México. Luego llega a nuestro país y se presenta ante la justicia federal.

“Aún está en proceso de acuerdo con las leyes de Panamá y, conforme al tratado que tienen México y ese país en materia de extradición, calculo que en 60 días a más tardar esté enfrentando la justicia en México, la federal y en el estado de Quintana Roo”, dijo.

El pasado 1 de agosto, durante la celebración de la segunda audiencia en el proceso de extradición del ex gobernador, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá aprobaron que Borge permanezca detenido hasta que la Cancillería de aquel país resuelva si procede o no la petición formulada por el gobierno mexicano el pasado 27 de julio, para lo cual cuenta con 60 días.

Durante la diligencia la defensa del ex mandatario solicitó la libertad bajo fianza, pero al determinar que México cumplió con los requisitos para la extradición, los magistrados negaron la petición, ordenaron que siga preso en la cárcel El Renacer y remitió el asunto a la Cancillería.

EL UNIVERSAL informó que de acuerdo con la cancillería panameña, en esos 60 días es posible que la defensa y la Procuraduría General de Panamá interpongan otros recursos que harían que el caso llegue a una sala de la Corte Suprema de Justicia de ese país para que revise las medidas que dicte Relaciones Exteriores.

Si la cancillería de Panamá concede la extradición, esta decisión es apelable. Roberto Borge está acusado de un delito del fuero federal: operaciones con recursos de procedencia ilícita, por ello un juez penal federal ordenó su aprehensión, misma que se ejecutó en Panamá el pasado 4 de junio en el aeropuerto internacional Tocumen, desde donde pretendía viajar a Francia.

El supuesto blanqueo de dinero que realizó fue a través de la adquisición con prestanombres de terrenos en Quintana Roo a precios mucho más bajos de los reales.

El 27 de julio, el gobierno mexicano formuló la solicitud formal de extradición a la que agregó tres delitos del fuero común: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

La primera audiencia que se realizó en el caso fue el 5 de junio, en la que el ex gobernador Borge rechazó ser extraditado a México, por lo que el proceso no se pudo continuar de modo abreviado como proponían las autoridades mexicanas.

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