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En el país cuatro prisiones son las más corruptas, que separan en menor medida a los procesados de los sentenciados, donde más de la mitad de los internos comparte cama y en una misma celda viven 15 o más, donde es más difícil conseguir comida, atención médica, medicinas o tener acceso en las celdas a servicios básicos como agua, luz y drenaje.
Se trata de los Centros de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, en el Estado de México, y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, de acuerdo con un análisis de datos de la Primera Encuesta de Población Privada de la Libertad (Enpol) que aplicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La corrupción, coincidieron especialistas, es lo que tiene al sistema penitenciario en el país, al borde de la “implosión”.
René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que las prisiones mexicanas no están cumpliendo con su función de reinsertar a la sociedad a las personas que han cometido un delito. Mencionó que para lograrlo habría que atacar directamente la corrupción que se vive al interior de ellas.
“En blanco y negro, las prisiones están diseñadas para la reinserción social. En la realidad, las cárceles mexicanas, unas más que otras, son verdaderas escuelas de posgrado en la delincuencia, donde la corrupción llega a niveles en donde los delincuentes son quienes administran y dirigen las prisiones. El elemento fundamental es la corrupción y la presencia del crimen organizado como una fuerza que lleva el dominio de estos centros”, expresó.
Para Pedro Isnardo de la Cruz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el sistema penitenciario en el país se encuentra en su “máximo punto de implosión”, que se alimenta de la corrupción y gracias a ella, incrementa los niveles de violencia que se viven al interior y afecta a las familias de los internos, quienes tienen que encontrar la manera de mantener a sus reclusos y de tener los medios para mantenerse a ellas mismas en el exterior.
“La gente recluida ingresa en un proceso de mayor violencia y olvido, aprende a generar otras dinámicas, a intensificar su proceso de sobrevivencia y exige a las familias nuevas respuestas. Para sobrevivir, es necesario que las familias den otras respuestas económicas a la que de por sí se les exige fuera de la reclusión. Ésta es una economía de desprecio social, olvido y sobrevivencia que queda a manos del crimen y el desamparo”, comentó.
Sofía Cobo Téllez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que es necesario diseñar una política penitenciaria que cumpla con las expectativas de la Constitución y permita generar programas sustentados en la educación y la participación de las familias, que permitan a los internos reinsertarse efectivamente en la sociedad una vez que terminen su periodo de reclusión.
“Se tiene que diseñar una política penitenciaria a nivel nacional que cumpla con las expectativas establecidas en la Constitución: el respeto a los derechos humanos. El hecho de que un porcentaje tan alto sea víctima de actos de corrupción, que se sientan inseguros y hayan reportado que fueron víctimas de delitos en las cárceles es porque no se están respetando los derechos humanos al interior de los centros penitenciarios”, comentó.
EL UNIVERSAL analizó los datos de la encuesta tomando como referencia nueve puntos contenidos en la normativa internacional conocida como las Reglas Mandela, que adoptó el gobierno mexicano y que establece las reglas mínimas que deben seguir las cárceles en todo el mundo para cumplir su objetivo de readaptación social y dar un trato digno y en respeto a los derechos humanos de los internos.
Los puntos que se tomaron a consideración fueron: número de presos por situación jurídica (en proceso o con sentencia ya dictada, conviviendo en el mismo espacio), internos que han sido víctimas de actos de corrupción, proporción de internos que comparten cama y que comparten celda con 15 personas o más.
Se consideró también la cantidad de internos a quienes el centro ha proporcionado servicios médicos, medicinas y alimentos; proporción de internos a quienes se les ha dado ropa, calzado, cobijas y artículos de limpieza, y que cuenten con servicios básicos en la celda (agua potable, drenaje, energía eléctrica y un lugar para asearse).
La normativa internacional exige la separación de los reclusos, que las celdas sólo deben ser ocupadas por una persona, que tienen que contar con iluminación y espacio para el aseo personal, que los reos deben tener acceso a alimento suficiente, a atención médica, tiempo para ejercitarse, ropa y una cama individual.
Aunque la mayoría de las prisiones en México tienen un grado de incumplimiento, los datos de la Enpol revelan que los Centros de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, en el Estado de México, y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la Ciudad de México, tienen los mayores niveles de incumplimiento en estos rubros.
La encuesta descubrió que en las prisiones de Ecatepec y Tlalnepantla, 55% y 85% de los internos, respectivamente, viven en una misma celda con 15 personas o más; en Neza, 8% de los reos, y en el reclusorio Oriente, 43.5%.
Mientras que 56% de los prisioneros en Ecatepec y 60% en Tlalnepantla comparten cama con otra persona; en Nezahualcóyotl esta proporción es de 12.7%, y en el reclusorio oriente de la Ciudad de México, 43.5%.
En lo general, la encuesta reveló que desde el momento del arresto y durante el tiempo que permanecen en encierro, los internos se ven obligados a pagar cuotas a las autoridades para obtener beneficios como comida o permiso para hacer uso de los baños, por ejemplo; de esta forma, 39.3% de la población recluida fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión.
Dentro de la cárcel, se detectó que los internos pagan cuotas por hasta 18 rubros: exentar el pase de lista, tener aparatos eléctricos, tener agua potable, acceder a servicios médicos, recibir comida, tener cama, colchoneta o cobijas, ir a los juzgados, usar el baño, usar el teléfono, hasta tener dispositivos de comunicación. En 87.4% de los casos el dinero se entrega a los custodios, mientras que 36.1% paga también a otros internos.
En estas cuatro prisiones más de la mitad de los internos ha tenido que entregar dinero para acceder a servicios que son gratuitos. En Ecatepec 63% de los internos ha sido víctima de la corrupción, la proporción es de 58% en Nezahualcóyotl, al igual que en Tlalnepantla; mientras que esta es la situación para 65% de los internos del reclusorio oriente
