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La política migratoria en México se basa en tres “D”, detección, detención y deportación, acusó Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Durante la presentación del informe Personas en Detención Migratoria en México, realizado por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), Jan Jarab calificó como grave la falta de acceso a la justicia porque denuncian y queda impune.
Comentó que en México no debe haber una política de disuasión para que los migrantes no soliciten refugio ni tampoco deben quedar en calidad de detenidos durante el proceso.
“Los migrantes deben poder reportar delitos sin el temor de ser denunciados a las autoridades migratorias”, dijo el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Para conocer la situación de los migrantes en territorio mexicano, el Consejo Ciudadano del INM monitoreó cuatro rutas donde se encuentran 17 centros de detención.
Según con el informe, los principales hallazgos son numerosos episodios de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y otros cuerpos de seguridad en los operativos.
Se identificó un uso sistemático de medidas de aislamiento en celdas de castigo o cuartos especiales que los detenidos suelen llamar “pozo” o “calabozo” por tratarse de espacios que no reúnen las condiciones dignas.
Además, se tienen registros de que personal del INM detuvo a mexicanos en operativos migratorios, además de existir una práctica sistemática de verificación y privación de la libertad de personas que carecen de documentos.
El informe indica que hay numerosos casos de privación de la libertad con plazos prolongados; se observó que en los centros de detención los espacios son inadecuados; además, al momento de la integración de expedientes, los migrantes no fueron asistidos ni por la representación consular ni por alguna organización de derechos humanos.
“Ninguna de las personas detenidas y entrevistadas manifestó conocer el cauce para emitir una queja y cuál es el procedimiento posterior para investigar e instruir”.
En cuanto al acceso a la información, el documento indica que los entrevistados nunca fueron informados sobre su derecho a contar con defensa legal, ni sobre las organizaciones que pudieran apoyarlos.
Relacionado con las condiciones de los centros el informe asegura que “la mayoría de los centros visitados tenían problemas en las instalaciones sanitarias y sufren escasez de agua potable, lo que provoca la falta de higiene, proliferación de malos olores e insectos”.
Además se registró un número significativo de quejas porque agentes del INM ejercen violencia física y amenazan a los detenidos.
Se identificaron otras formas de violencia como la discriminación, la negación de alimentos o productos de higiene o de atención médica, “la discriminación tiene una base xenófoba o racista”.
