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La empresa española Aldesa, que junto con Epccor estuvo a cargo de la obra del Paso Exprés a Cuernavaca, donde se abrió un socavón el pasado 12 de julio, está inhabilitada en Perú por presentar documentos falsos.
Con la razón social Aldesa Construcciones SA Sucursal en Perú, la compañía inició operaciones en el país andino en 2012, como contratista único y en alianza con otras firmas de esa especialidad.
Por 36 meses, que comenzaron a correr el 25 de abril de ese año y concluirán en 2020, la empresa española no podrá participar en licitaciones convocadas por el gobierno peruano, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).
Sin embargo, entre el tiempo de la mala conducta observada y el inicio de la sanción, Aldesa ha ganado otras licitaciones, como la de la construcción del Museo Nacional de Antropología (Muna), para la cual se alió con OHL con el fin de integrar el consorcio Muna. La inhabilitación también aplica para la firma Mantenimiento Construcción y Proyectos Generales SAC (Mannto), con la que Aldesa formó el consorcio Santa Clara Sur, para la “ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del esquema Prolongación Nicolás de Piérola–Santa Clara Sur y Anexos”.
La falta en la que incurrió el consorcio tuvo lugar en junio de 2016, al presentar un certificado de trabajo falso, con la finalidad de acreditar la experiencia de un ingeniero especialista en estudio de impacto ambiental. Aunque Mannto fue quien presentó el documento y Aldesa intentó que se individualizara la sanción, esto no ocurrió, pues ambas partes deben comprobar la autenticidad de la documentación.
En abril, cuando se supo de la sanción al consorcio Santa Clara Sur, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) declaró nula la licitación de la carretera Moquegua Omate Arequipa.
La segunda licitación para la construcción de esta obra fue ganada por el Consorcio Vial del Sur, integrado por OHL y Cosapi.
En junio de 2016 se dio a conocer que Aldesa y OHL ganaron la licitación para la edificación del Museo Nacional de Arqueología (Muna), convocada por el Ministerio de Cultura. Esta obra es considerada como la más importante del país andino, pues formará parte de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Estará ubicado en la zona arqueológica de Pachacámac, lo que ha generado controversia, ya que figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como parte del Qhapaq Ñan (sistema vial andino).
En septiembre de 2016 se informó que la Contraloría General de la República advirtió casi un año antes al Ministerio de Cultura de situaciones de riesgo: los estudios de preinversión y viabilidad del fproyecto fueron presentados y aprobados sin los resultados de evaluación y rescate arqueológico.
En junio pasado, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó un informe en el que recomienda paralizar los trabajos por presuntas irregularidades en el proyecto, como que la obra se inició sin haber obtenido la licencia de construcción. Lo anterior fue confirmado a EL UNIVERSAL por Celeste Asurza, arqueóloga y asesora de la congresista María Melgarejo, titular de la Comisión de Cultura y quien encabezó la investigación hecha por el Parlamento.
Otros argumentos son el hallazgo de 100 momias precolombinas y los riesgos que representan el agua subterránea y la salinidad del lugar para la conservación de las piezas que se exhibirán, detalló el arqueólogo Arturo Noel Espinoza.
“Es un despropósito, van en contra del propio plan del santuario”, agregó.
El 10 de agosto, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, informó que la construcción tiene un avance de 22% y estará listo en septiembre de 2018. Explicó que se decidió que el museo tenga 65 mil metros cuadrados y no los 75 mil inicialmente proyectados.
El polémico drenaje de Juliaca. En septiembre de 2016, Aldesa también fue sancionada por presentar documentación falsa, al igual que su socio Grupo Empresarial de Obras Civiles SL Sucursal del Perú, con quien integró el Consorcio UROS para ejecutar el “Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca”. En ese fallo se les inhabilitaba por 47 meses, pero impugnaron.
Pese a la nulidad de la sanción, el expediente 2206-2015, del que forma parte, fue sumado a otra investigación en la que se indaga “la presunta responsabilidad del Consorcio Uros por supuestamente haber subcontratado sin autorización de la entidad, o por un porcentaje mayor al autorizado, y por haber dado lugar a la resolución del contrato”.
Lo anterior consta en un memorando elaborado por Víctor Villanueva, presidente del TCE, dirigido a Ana Revilla, presidenta del OSCE, y al que tuvo acceso este diario. Ahí se precisa que el procedimiento se encuentra en fase de instrucción.
Esta obra fue sometida a un peritaje, en el que se da cuenta que el Consorcio Uros no cumplió el expediente técnico para la construcción del drenaje pluvial, pues del avance de 11.9% reportado, sólo 4.2% es apto, el resto es inservible.
El consultor Isaías Charaja explicó que el expediente técnico es deficiente, puesto que el estudio de suelos no considera la profundidad de la capa freática, no tiene análisis químico de suelos para durabilidad de la obra, incompatibilidad entre el armado del cálculo, planos y los planos estructurales.
Además, no se consigna la información existente de los sistemas de agua y alcantarillado, usaron un método de cálculo hidráulico antiguo, además de que no tiene estudio de hidrografía ni evaluación de tipo de pista, así como ancho y espesor de pavimentos.
