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El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( INEGI ) presentó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad ( ENPOL ) 2016, primero en su tipo en el país, aplicado a 58 mil internos de 338 centros penitenciarios federales y locales para conocer las condiciones en que viven de voz de los propios internos.
La encuesta revela que 21% de las personas que están en prisión fueron sustraídas de algún lugar y encarceladas sin contar con una orden de aprehensión de ningún juez, mientras que casi 50% de quienes se encuentran en esta situación se declararon inocentes ante el juez, pero permanecen en la cárcel.
Tras ser arrestados, en la mayoría de las ocasiones por policías ministeriales o municipales, 75% de las personas que se encuentran internas sufrió violencia psicológica en el momento de su arresto, por ejemplo; mientras que 63.8% padeció algún tipo de agresión física.
En todo el país, 62.6% de los internos rindieron su declaración en el Ministerio Público, pero casi la mitad reportó ante los encuestadores del INEGI que fue presionada por las autoridades para dar otra versión de los hechos.
De los internos, 47.5% se declararon culpables pero en condiciones de agresión física, presiones o por recomendación de su abogado o de personal del propio Ministerio Público.
El estudio que elaboró el INEGI y se presentó esta mañana en su sede de la Ciudad de México, es el primero en su tipo que se realiza en todo el país.
El presidente del instituto, Julio Alfonso Santaella Castel, explicó que estas fueron entrevistas cara a cara con los internos por lo cual se tuvieron que diseñar estrategias como cuestionarios escritos y tarjetas para que estos se sintieran en confianza para proporcionar información.
"No estamos haciendo una distinción entre hombres y mujeres, se realizó una recopilación de ambos. Sobre la situación que estamos observando, no es sorpresa para ninguno de nosotros de lo que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país, vemos una situación de precariedad en distintos aspectos pero ahora por primera vez sabemos el número preciso".
El estudio encontró que 39.3% de la población privada de la libertad fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión.
En la cárcel pagan cuotas por hasta 18 rubros: exentar el pase de lista, tener aparatos eléctricos en las celdas, tener agua potable, acceder a servicios médicos, recibir comida, tener cama, colchoneta o cobijas, ir a los juzgados, usar el baño, poder usar el teléfono, hasta tener dispositivos electrónicos de comunicación. En 87.4% de los casos el dinero se les entrega a los custodios, mientras que 36.1% de ellos paga también a otros internos.
En cuanto a condiciones de hacinamiento, 45.6% de la población privada de la libertad compartió su celda con más de cinco personas, 12.5% compartía cama y 5% no reportó tener cama; 19.1% de la población se sintió insegura al interior de su celda, mientras que 31.9% se sintió insegura en el Centro Penitenciario: 33.2% fue víctima de algún delito dentro del Centro Penitenciario; 89.2% fue víctima de robo de objetos personales, 24.6% sufrió lesiones y 20.1% fue víctima de extorsión.
