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El combate a la trata de personas demanda erradicar la impunidad y acciones conjuntas entre las autoridades responsables, enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, el organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su preocupación por los riesgos latentes que enfrentan las comunidades rurales e indígenas.
Ante esta situación, la CNDH demandó que se visibilice la trata en los trabajos o servicios forzados, poniendo especial énfasis en las acciones de prevención y protección dirigidas a que niñas y mujeres no sean captadas en las comunidades rurales e indígenas para ser explotadas en el trabajo en el hogar, en los campos agrícolas y las maquilas, al reconocer que este sector de la población no sólo es vulnerable a la trata con fines sexuales.
“Consciente de la gravedad que supone la trata de personas en el mundo y en México, y debido a que los pueblos y comunidades indígenas se encuentran altamente expuestos ante este delito, la CNDH ha dirigido sus esfuerzos a visibilizar entre la sociedad y las instituciones gubernamentales la necesidad de fortalecer los factores de protección de esas comunidades y a hacer frente a diversos factores que les sitúan como víctimas potenciales de la trata de personas en sus modalidades de trabajos y servicios forzados, mendicidad, esclavitud y explotación sexual”, sostuvo.
De acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a nivel mundial, 37% de las víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación en los trabajos o servicios forzados son mujeres y 63% son hombres.
Sin embargo, los datos que este informe brinda para la región de Norteamérica señalan que las mujeres representan 50% de las víctimas de esta modalidad de trata de personas.
La CNDH expresó que para combatir la trata de personas se requiere de una coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, así como contar con políticas públicas e instrumentos jurídicos para ofrecer protección y asistencia oportuna y la reparación integral del daño a las víctimas.
