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En ocho de los 12 estados donde el año pasado hubo elecciones para gobernador y donde se dio la alternancia de partido en la administración, pudo haber ocurrido por los escándalos de corrupción y por la valoración que los electores hicieron de las condiciones de deterioro de la seguridad, señalan especialistas y organizaciones.
El informe Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, muestra que el deterioro en las condiciones de seguridad y los escándalos de corrupción pudieron ser elementos clave para que en Veracruz ocurriera la alternancia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Francisco Rivas, director del organismo, consideró que la corrupción se debe atender con urgencia.
Para Mauricio Merino, académico y especialista en transparencia, “la corrupción y la violencia están vinculados. Cuando la población participa en un proceso electoral se reacciona ante tres elementos que se combinan dependiendo de cada comicio. Uno es la evaluación que se hace de los gobierno salientes; en segundo lugar está la calificación a los candidatos, y en tercera, la trayectoria del abanderado.
“Sin embargo, debido a la situación que vive el país se ha añadido un cuarto elemento: la corrupción y se manifiesta, por ejemplo, con el miedo que se induce con coacción del voto y con la violencia, por eso es que digo que corrupción y violencia son en realidad dos piezas del mismo juego social, de la misma patología, no se pueden separar una de la otra. La inseguridad es hija de la corrupción”, comentó.
Declaró: “Estamos frente a un Estado que es incapaz de contener la violencia, pero eso no puede ser explicado si se desconecta de la captura de los puestos públicos y de los presupuestos gubernamentales por parte de los grupos criminales, que es el origen de la corrupción en el país”, dijo.
El impacto de ocho entidades. El estudio del observatorio muestra que en ocho de los 12 estados hubo alternancia, al tiempo que muestra la evolución de estos delitos: robo con violencia, extorsión, secuestro, homicidio doloso y culposo, así como robo de vehículos, entre 2011 y 2016. Los estados analizados son: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En el estudio se advirtió que la violencia constituye una estrategia valiosa y factible para influir en los resultados electorales. Agregó que no sólo es por la percepción que genera entre los electores, sino que también “eliminan candidatos enemigos, alteran las campañas, intimidan a posibles votantes, amenazan a aspirantes opositores o bien intervienen directamente a través de la selección de funcionarios públicos en instituciones claves”, entre otros, en las áreas de seguridad.
Para Francisco García Pimentel, académico y especialista en política global de la Universidad Panamericana (UP), la violencia y la corrupción son dos actos que siempre van unidos, puesto que uno depende del otro.
“Cuando la violencia se dispara y se descontrola es el momento en el que todos los sectores de la población son testigos. Lo anterior ocurre cuando los gobiernos permiten a los grupos criminales actuar impunemente. La violencia y la corrupción nunca son dos cosas separadas y siempre van unidas, eso tenemos que tenerlo muy claro”, comentó.
El académico señaló que en los estados donde hubo elecciones en 2016, la ciudadanía castigó con su voto a los candidatos de los partidos que estaban en el poder, porque “vivían en entidades con situaciones que se podrían calificar como desesperadas, porque estaban en graves situaciones de pobreza, violencia y de corrupción”.
Las irregularidades. Rivas manifestó que en el caso de Veracruz “lo que hemos visto alrededor del problema de este estado hace pensar en una situación mucho más compleja, que no puedes ignorar”.
Al analizar el comportamiento que existió en Veracruz, el estudio del observatorio indicó que en esta entidad se registraron incrementos de homicidio doloso y robo de vehículo desde 2014 y del secuestro desde 2011, pero el robo con violencia, el homicidio culposo y la extorsión presentaron disminuciones durante el periodo de estudio. “La transición pudo ser causada primeramente por los escándalos de corrupción y en segundo término por el deterioro de las condiciones de seguridad a partir de 2014”, señaló el documento.
El informe destacó que en los casos de Veracruz, Oaxaca y Zacatecas existen escenarios de riesgos para estas entidades, puesto que, basándose en proyecciones estadísticas, “en 2017 habrá un deterioro de las condiciones de seguridad con base en las tendencias de diversos delitos como el homicidio doloso y culposo, el robo de vehículos y el secuestro”.
La organización señaló que es urgente implementar acciones, debido a que “estos escenarios constituyen señales de alarma para las administraciones estatales de Miguel Ángel Yunes, Alejandro Murat y Alejandro Tello”.
Para el académico Francisco García Pimentel cuando se analiza la administración de Javier Duarte se observa un caso grave en el país y el mundo, debido a que los desfalcos fueron “históricos”, además de los índices de inseguridad y de corrupción nunca antes visto. “El caso de Veracruz es notoriamente un caso grave en México y en el mundo, y es un caso extremo que se vive de manera cotidiana en casi todos los rincones de la República. Pareciera que Duarte no se midió, no tuvo la prudencia política de medirse y fue por todo. Él y su equipo sacaron dinero de donde pudieron, dejó un estado absolutamente empobrecido y por lo tanto con altos índices de violencia, que proviene de la corrupción”, dijo.
En el caso de otras entidades donde hubo alternancia de partidos en el poder, el observatorio encontró que en entidades como Tamaulipas se registraron disminuciones considerables, “es probable que la magnitud de las tasas de secuestro y otros delitos de alto impacto haya jugado un papel importante en los resultados electorales”.
Rivas manifestó que los actos de corrupción en las administraciones estatales han permitido la infiltración en los órganos de seguridad. En el caso de Nayarit llevó a que el ex fiscal del estado, Édgar Veytia, haya permanecido en su puesto y provocado un deterioro en la seguridad, lo que fue advertido por los votantes.
Mauricio Merino mencionó que lo ocurrido en el caso Iguala, Guerrero, donde integrantes de la delincuencia organizada, producto de la corrupción, se infiltraron en los mandos de seguridad del municipio, es una muestra de que los actos de corrupción no quedan inadvertidos por la población.
“No se tiene suficiente cuidado con las candidaturas, no se sabe la trayectoria, ni del desempeño previo, ni la historia transparente de quienes se presentan como candidatos. Cabe la posibilidad de que criminales se presenten como candidatos. Pasó en Iguala, el caso de Ayotiznapa no se explicaría a cabalidad si no hubiera sido porque los poderes públicos de Iguala fueron capturados por el crimen organizado y eso también se sanciona en las urnas”, declaró.
