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La situación de los defensores ambientales en México, es grave. En los primeros cinco meses de este año se han registrado ocho asesinatos a estos protectores, además de que son víctimas de amenazas, advirtió la organización Global Witness.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ben Leather, coautor del informe Defensores de la Tierra. Muertes globales de defensores de la tierra y el ambiente 2016, señaló que aunque en el estudio sólo se documentaron tres muertes de ecologistas, en los primeros cinco meses de este 2017 se han registrado ocho asesinatos, por lo que México representa una preocupación en cuanto a la defensa de los derechos ambientales.
“Si bien registramos sólo tres asesinatos el año pasado, sabemos que este año han sido asesinados por lo menos ocho más en los primeros cinco meses de 2017 por defender la tierra o algún recurso natural. La situación de México si es grave, es preocupante y sabemos que aunque hay una ley y mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos, el Estado mexicano debe hacer mucho más para priorizar su implementación”, afirmó Leather.
Expuso que aunque la impunidad en los crímenes contra los defensores ambientales está presente a nivel internacional, en México este problema “es muy importante”, por lo que llamó al gobierno mexicano a garantizar la protección de los defensores de derechos humanos, en especial de aquellos que son indígenas, quienes son los más vulnerables, insistió.
Según este informe que realizó Global Witness, durante 2016 se registraron 200 asesinatos en 24 países contra defensores ambientales en todo el mundo, por lo que es considerado el año “más mortal” para este sector.
América Latina concentra 60% de las muertes, y es Brasil la nación más peligrosa para la defensa de los derechos ambientales, al contabilizarse 49 asesinatos, seguido de Colombia con 37, Honduras con 14 y Nicaragua con 11.
“El Estado mexicano debe tomar medidas urgentes y drásticas para evitar que la situación de los defensores ambientales llegue al nivel de Brasil. Se tiene que hacer primero una mejor reglamentación de las empresas. En segundo lugar, se debe garantizar que las comunidades puedan decidir sobre si quieren los proyectos de las empresas y hacer efectivos los mecanismos de protección para activistas”, destacó.
Leather dijo que a nivel mundial los defensores ambientales o ecologistas son los más vulnerables, puesto que se enfrentan no sólo a amenazas de parte de empresarios que buscan construir megaproyectos y de integrantes de grupos criminales, también de miembros de los Estados, puesto que su labor tiende a ser criminalizada.
“En México hay muchos proyectos que se están imponiendo, es necesario que haya una consulta con los habitantes. Las comunidades indígenas están protegidas por el derecho internacional y por la Constitución Política de México, pero el Estado debe priorizar la implementación de estos instrumentos”.
El informe destaca que las agresiones contra defensores ambientales han ido en aumento y se han extendido a diversos países de todo el mundo, por lo que “la lucha por la defensa del medio ambiente conduce a una marea de violencia en donde actividades como la minería, la tala inmoderada, las empresas hidroeléctricas y las compañías agrícolas pisotean a la gente y el medio ambiente en su búsqueda de beneficios”.
El documento señala que los gobiernos y las empresas han fallado en encontrar la causa principal de los ataques contra los defensores, que es: la imposición de proyectos sobre comunidades sin su consentimiento previo, libre e informado.
“La protesta es a menudo el único recurso que les queda a las comunidades que ejercen su derecho de tener la opinión sobre el empleo de sus tierras y de sus recursos naturales, poniéndolos sobre un curso de colisión con aquellos que están buscando el beneficio en cualquier costo”, señala.
