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El Estado ha fallado en el cuidado de niños y adolescentes, puesto que no ha fomentado la creación de un ambiente protector que garantice su desarrollo libre de violencia, coinciden expertos.
Consideraron que casos como el de Antony, quien fue rescatado en la delegación Gustavo A. Madero con huellas de maltrato, así como las violaciones de niñas en el transporte público y agresiones que sufren los menores en su casa, escuela o comunidad son reflejo de un Estado “debilitado”.
Se requiere de una mayor articulación de las políticas públicas para la prevención de la violencia y reeducar a la población respecto a su perspectiva sobre este problema, advirtieron.
Estuvieron de acuerdo en que la violencia contra menores no es inusitada, sino que ha subido paulatinamente desde el núcleo familiar.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalan que seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre uno y 14 años han vivido algún método agresivo de disciplina en sus hogares. Uno de cada 15 ha recibido alguna forma de castigo físico severo, como jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes.
El Inegi destaca que durante 2015 se registraron mil 57 homicidios de niñas, niños y adolescentes: 2.8 cada día. De 2014 a 2015 los asesinatos de adolescentes entre 15 y 17 años se incrementaron 3.8%. En tres de cada 100 casos de muertes de niños y adolescentes (0-17 años) se identificó la presencia de violencia familiar.
Ricardo Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), reconoció que no se ha logrado generar un ambiente protector para la niñez. Indicó que es un tema en el que no sólo está ligado el estado de protección, sino la “responsabilidad colectiva” que ha permitido la violencia.
“Las sociedades no llegan solas a niveles de violencia tan atroces, criminales, dolorosos como los que estamos viviendo, llegan cuando hay una presión social y cultural, cuando no se establecieron durante mucho tiempo mecanismos de intervención pública, cuando no hay sanciones, cuando el sistema de justicia tiene fallas y cuando no hay puertas de salida para que las personas procesen adecuadamente los problemas que tienen”.
Faltan recursos para procuradurías. Resaltó que actualmente se cuenta con mil procuradurías de protección especial del menor y la familia tanto a nivel municipal, regional y estatal. Reconoció que estas instancias aún no cuentan con todos los recursos para tener conexión con las diferentes autoridades involucradas en la creación de entornos seguros y saludables para los menores. Planteó la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los congresos estatales establezcan la canalización de mayores recursos públicos para “garantizar una vida libre de violencia. No se puede ejercer un derecho de este tipo sin presupuesto. Hay una visión parcial de la atención de la violencia. Tiene que existir la red de sobrevivencia, pero también una política de prevención, eso es lo que más tiene que desarrollar el país y donde hay que poner los recursos”.
Nelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, resaltó que el fenómeno en el país ha “exacerbado” al no haber límites que la controlen, no sólo de parte del gobierno, sino también por la sociedad al verlo como algo cotidiano. “La exacerbación del narcotráfico como parte de una violencia cotidiana ha influido en el nivel usual en una sociedad, por ejemplo, la nuestra como en todas las sociedades y ha dado todas las muestras de que es posible seguir siendo violento”, dijo.
Estado “omiso” ante niñez. Para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), casos como el de Antony, o el de Valeria, cuyo cuerpo fue hallado con rastros de agresión sexual, reflejan que “el Estado mexicano es totalmente omiso en su responsabilidad de proteger a los niños y niñas. No se ve a los menores como sujetos de derechos”, dijo.
Advirtió que el fenómeno en cuestión se convierte en cultura, por lo que se va reproduciendo de generación en generación, lo cual es propiciado por la percepción de impunidad en todos los niveles de gobierno. “Esa violencia se queda en el entorno. El mensaje que se manda es el de impunidad y en ese sentido el Estado se convierte en una pieza de “adorno”, el mensaje es hacer justicia por propia mano”.
Carlos Cruz, fundador de Cauce Ciudadano, consideró que aunque hay diversas estructuras para la protección de los niños y adolescentes terminan siendo más burocráticas.
“Toda esta ruta que se ha estado planteando en términos de la protección de niños y adolescentes ha generado una articulación política y no un entramado en donde la protección de los niños esté en el centro del debate, vemos que hay un impacto directo en los niños y adolescentes, puesto que son las principales víctimas de los grupos criminales”.
Enfatizó que la primera causa de muerte en adolescentes en algunos estados es el homicidio y en otros el suicidio, lo que representa que “la burocracia no está actuando para proteger su integridad física y emocional”.
Señaló que es urgente establecer mecanismos y herramientas de atención a la niñez en los municipios, puesto que son el nivel de gobierno que tiene contacto directo con la población, a fin de generar una transformación en la política pública del país en la materia.
Consecuencias. Corina García Piña, coordinadora de la Clínica de Atención Integral al Maltrato Infantil del Instituto Nacional de Pediatría, explicó que los niños sufren de violencia crónica, pueden presentar afectaciones en el sistema nervioso, en especial en el hipocampo, que es donde se codifican las emociones. Es una de las teorías que explican que los adultos que fueron maltratados reproduzcan la violencia.
Explicó que el impacto de ese fenómeno tiene que ver con las características individuales, así como del tipo de violencia que hayan sufrido, pero por lo general registran sintomatología como cambios de conducta, depresión, estrés postraumático, miedo, ansiedad, entre otros.
Resaltó que se requiere de mayor capacitación de médicos y sicólogos para que puedan identificar el maltrato, puesto que muchas veces se encuentra “muy encubierto”.
