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La Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) incurrió en una trampa en la designación de los cinco integrantes, de acuerdo con documentos de los cuales EL UNIVERSAL tiene copia y que fueron obtenidos vía una solicitud de información.
Según las cédulas de evaluación de los cinco aspirantes, la comisionada Mariclaire Acosta Urquidi obtuvo 207 puntos en su evaluación, mientras que otros de los aspirantes, como Gerardo Lozano Dubernard, recibió una calificación de 233 puntos y no fue seleccionado.
Incluso, la calificación de Acosta Urquidi contrasta con los resultados de sus compañeros. Por ejemplo, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard Mariscal, fue la mejor evaluada con 247 puntos, seguida por Alfonso Hernández Valdés, con 240 puntos.
En el caso de José Octavio López Presa, éste registró 237 puntos, y Luis Manuel Pérez de Acha obtuvo 236 puntos.
Es decir, Acosta Urquidi estuvo 29 puntos por debajo de las calificaciones de su compañero Pérez de Acha y 40 puntos por debajo de Peschard Mariscal.
La Comisión de Selección ha señalado que la calificación es sólo uno de los elementos que se toman en cuenta para poder decidir. Sin embargo, han sido señalados por expertos de hacer una selección de “cuotas y cuates”.
La comisión la integran Edna Jaime, de México Evalúa; Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Juan Pardinas, director del IMCO; Cynthia Patricia Cantero, presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y José Luis Juan Caballero, director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, entre otros.
Historia de una selección atípica. El Comité de Participación Ciudadana, la cabeza del SNA, fue nombrado el pasado 30 de enero por la Comisión de Selección, que fue electa por el Senado de la República, misma que ha sido cuestionada por posible conflicto de interés.
El pasado 29 de marzo, EL UNIVERSAL documentó que Juan Pardinas recibió en seis años más de 3.5 millones de pesos en contratos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con los informes de adquisiciones y obra pública de la auditoría, es proveedor del organismo, y fungió como miembro de la comisión que eligió a los ciudadanos que integran el SNA.
En informes se advierte que a Pardinas se le asignaron, de 2010 a la fecha, 3.54 millones de pesos como contraprestación por conducir el programa televisivo Pesos y Contrapesos de la auditoría superior.
El ex auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha señalado que seis los nueve miembros de la Comisión de Selección forman parte de la Red de Rendición de Cuentas, que agrupa a organizaciones y organismos de transparencia y rendición de cuentas de todo el país, y cuatro de los cinco integrantes del comité ciudadano fueron propuestos por los titulares de las organizaciones que forman parte de la red.
Las evaluaciones. El pasado 19 de abril, el contador público Gerardo Lozano Dubernard presentó una solicitud de información a la Comisión de Selección, por la cual pidió conocer copia de las cédulas que utilizó cada uno de los nueve integrantes de la comisión para valorar el desempeño de las entrevistas realizadas a los 15 finalistas para los candidatos al Comité de Participación Ciudadana.
El 23 de junio pasado, la comisión le respondió a Lozano, uno de los 15 finalistas, que cada postulante participó “de manera personalísima entregando información confidencial que hace identificable a una persona. De ese modo, los dueños de la información de cada expediente en posesión de la comisión son cada uno de los postulantes… por lo que éstos deberán preservar su confidencialidad”.
La comisión respondió en los documentos de los cuales tiene copia EL UNIVERSAL, que con el propósito de privilegiar el principio de máxima publicidad y transparencia, entregó las cédulas de evaluación de los cinco candidatos que resultaron seleccionados, y la evaluación de Lozano Dubernard generada durante el proceso.
El pasado 30 de enero, la coordinadora de la Comisión de Selección, Edna Jaime, por medio de un oficio informó al Senado que en sesión pública y por unanimidad se había electo a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
A pesar de que obtuvo una calificación menor a Gerardo Lozano, y que los elegidos fueron tomados en cuenta con base en un resultado numérico, en el documento remitido al Senado de la República se expone que en el caso de Mariclaire Acosta Urquidi se trata de una persona con amplia trayectoria en los derechos humanos que conjuga experiencia en el sector social, público y con alto reconocimiento nacional e internacional.
“Como lo establece la metodología de evaluación… existe una estrecha relación entre los flagelos de la corrupción, la impunidad y las violaciones de los derechos humanos. Por lo mismo, los vínculos de Acosta con organizaciones de la sociedad civil podrían ser un activo de enorme relevancia en el funcionamiento del comité”.
El pasado 10 de abril, en entrevista con este diario, Lozano Dubernard acusó que para integrar el comité se privilegiaron “cuotas y cuates” en lugar de perfiles que permitan el combate real a la corrupción.
“Le quitaron potencia al sistema”, dijo al tiempo que coincidió en que la comisión de selección incurrió en conflicto de interés, porque al designar a los integrantes del comité ciudadano, lo hizo previa recomendación que ellos mismos hicieron de quienes resultaron designados.
