La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) emitió una recomendación dirigida al procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, porque uno de los servidores públicos de esa dependencia obligó a trabajar a una perito que tenía un embarazo de alto riesgo , aún y cuando tenía por prescripción médica cinco días de licencia; las actividades provocaron la pérdida del producto.
La CNDH acreditó que las autoridades involucradas violentaron los derechos que le asistían como trabajadora embarazada, pues no le proveyeron condiciones de prevención, para procurar que su embarazo se desarrollara bajo las mejores condiciones laborales.
“Aunque conocían su estado de salud por embarazo de alto riesgo, autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) obligaron a una perita en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación”, explicó la CNDH.
Luego de conocer que tenía un embarazo de 3.6 semanas de gestación , el 13 de abril de 2014 la mujer acudió a la Unidad de Urgencias del ISSSTE, donde le expidieron licencia médica por cinco días, con el diagnóstico de “amenaza de aborto”.
Al entregar la incapacidad y el dictamen médico a su superior, e l Subdirector del Departamento de Medicina Forense le señaló que “el estar embarazada no era incapacitante, por lo que no podrían darle las consideraciones que esperaba ”, por lo que tuvo que seguir laborando bajo la amenaza del superior de despedirla por incumplimiento.
El 16 y 17 de junio de 2014 fue comisionada a Chilpancingo, Guerrero, el trabajo a realizar era considerado como “riesgoso” por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó a la Marina Armada de México custodia para los peritos.
Bajo amenazas de que la despedirían o la mandarían a Aguililla, Michoacán
, o a los tiros de mina “a buscar muertos” , la perito cumplió con otras comisiones de trabajo como en la Sierra Tarahumara, donde estuvo expuesta a temperatura de 40 grados celsius ,"sin comer y sólo ingerir líquidos".
La quejosa mencionó que el 26 de junio en Chihuahua, tuvo sangrado vaginal, por lo que allí acudió al Hospital General del ISSSTE “Presidente Lázaro Cárdenas”, donde le diagnosticaron amenaza de aborto ; le dijeron que el cérvix estaba irritado por la retención de líquidos durante lapsos prolongados y le extendieron otra licencia médica con reposo, lo que no pudo llevar a cabo.
Para el 5 de julio tuvo dolores y expulsión de líquido, por lo que se trasladó al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde le informaron que se había roto la fuente y al día siguiente se le practicó un aborto con 18.1 semanas de gestación.
Denunció que el 23 de julio, ya reintegrada a su trabajo , se negó a realizar una exhumación, puesto que se sentía débil, por lo que su superior instruyó un procedimiento administrativo en su contra por desobediencia , y a partir de entonces recibió malos tratos, indiferencia, carga excesiva de trabajo y hostilidad de sus tres jefes inmediatos.
Indicó que en varias ocasiones uno de sus superiores le dijo que no era posible que renunciara y si lo hacía iniciarían procedimiento administrativo o penal, y su falta de profesionalismo le ocasionaría problemas legales. Debido a la violencia laboral y relaciones hostiles, se vio forzada a no renovar su contrato con la institución, por lo que dejó de laborar el 31 de diciembre de 2014.
En la recomendación la CNDH pidió al procurador Cervantes Andrade reparar el daño a la mujer que incluya compensación, atención médica, psicológica y tanatología, así como emitir un protocolo de actuación, con directrices que deberá seguir el personal directivo de la PGR.
Además de colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja ante el Órgano Interno de Control de la PGR contra las autoridades señaladas para que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad.
ahc
