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Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el “teléfono”, que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.
De acuerdo con una reconstrucción hecha por EL UNIVERSAL, el secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.
El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalaron fuentes federales consultadas.
Tiempo después, en agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.
Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría General.
Fuentes del gobierno federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley: hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
En el Cisen se realizaron reportes en la primera semana de octubre —a los que tuvo acceso este diario en ese entonces— en donde aseguraba que los jóvenes habían sido incinerados y arrojados en bolsas al río San Juan. Tiempo después, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, dijo en conferencia de prensa: “Un homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula”.
En el río
El documento elaborado por César Chávez, visitador de la PGR hasta antes de presentar su reporte el 18 de agosto de 2016, señala que las retenciones que hizo la Ministerio Público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, en particular de Agustín García Reyes, alias El Chereje, fueron “de manera ilegal y arbitraria”, además de que el certificado médico de esa persona fue entregado por la Marina el día 27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el día siguiente sin hora precisa. “Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración”, cuestionó la visitaduría.
Adicionalmente, señala el documento, García Reyes fue llevado de forma ilegal al río San Juan el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sin que la misma quedara asentada en la averiguación.
Sólo se supo de ella hasta que se conoció públicamente el video donde Zerón lleva a cabo una inspección fuera de toda norma. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permitió a la AIC de Zerón de Lucio esa maniobra, “sin causa legal que lo justificara”.
Destaca que el presunto responsable, Agustín García Reyes, fue llevado al río en un helicóptero Bell-412 matrícula XC-JBX sin su abogado, como obliga la ley. Todo el personal que apoyó ese día —28 de octubre— a Zerón no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos. Además, a Zerón se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por estar ahí sin su abogado defensor.
La presencia en el lugar de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez “reviste un carácter ilícito”, añade el documento.
Tortura
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recalcó en su informe del 24 de abril de 2016 que, pese a que el video donde se ve a Zerón con otros servidores públicos en el río el 28 de septiembre, este hecho nunca se registró en el expediente. Peor aún, el GIEI demostró que hubo un parte médico de la Marina —que fue quien lo detuvo– en donde García Reyes no presentaba lesiones, pero 11 horas después lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.
En uno de los documentos de prueba, la visitaduría entrevistó a Miguel Ángel López, elemento de la Policía Federal Ministerial, quien confirmó que García Reyes, El Chereje, fue sacado de una celda en la SEIDO mediante un “oficio por cese de custodia”. De ahí fue llevado por Zerón de Lucio a Cocula, pero esto último no se registró en la indagatoria.
La visitaduría recogió el testimonio de García Reyes el 24 de junio de 2016: “Yo estaba detenido en la SEIDO, en una celda, y nomás me sacaron y me subieron a un helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar al puente del río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí (…) ya en el río uno de ellos vestido de negro me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar. Ya llegando hasta las bolsas hice lo que me habían dicho”. Además, dijo que en la aeronave iba Tomás Zerón.
Al preguntar a El Chereje si en esa diligencia estuvo acompañado de un defensor su respuesta fue “No. Sólo había wachos [soldados]”.
Retenciones ilegales
Dos de los siete detenidos, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron ubicados en Ahuatepec, Morelos, por la Marina a las 13:20 horas del 27 de octubre, “detenidos en flagrancia” y portando armas de fuego.
Sin embargo, para la visitadora esta circunstancia no es probatoria en absoluto. Prácticamente lo mismo ocurrió con los casos de Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y Darío Morales Sánchez, el 27 de octubre, en el poblado de Apetlanca en Guerrero.
“Los detenidos manifestaron de forma espontánea pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber sido partícipes de la ejecución y desaparición de los 43 estudiantes normalistas”, señala la indagatoria de la visitaduría, aunque pone en duda la firmeza de esta prueba para detener a un individuo.
En particular, la visitaduría registra como “retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho” las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, varios de ellos, de los principales testigos del caso.
En el caso de Poblete, advierte la visitaduría: “Haber detenido a Jorge Luis Poblete Aponte, sin hacer el estudio de los requisitos materiales y procedimentales de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como ni siquiera pronunciarse sobre el supuesto de flagrancia en el que se encontraba el indiciado, resulta una violación manifiesta al principio de legalidad y seguridad jurídica (…) también se advierte que su retención ministerial fue a su vez arbitraria”, y cita los preceptos de ley violados.
También encontró párrafos idénticos en las consignaciones. Para los casos de Osorio Cortez, Reyes Landa y Morales Sánchez, la agente del Ministerio Público estableció: “En forma espontánea manifestaron pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de estudiantes de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero en Cocula, Guerrero, y que después recogieron los restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan”, pero estas palabras se repiten en la consignación de Reza Jacobo y Vázquez Martínez.
“Bernal Castilla dejó en total indefensión a los presentados”, advierte. “Benito Vázquez y Darío Morales no realizaron confesión delictiva alguna”, establece. De hecho, la visitaduría es prolija en señalar las anomalías legales “graves” en que habría incurrido la Ministerio Público en este caso, lo cual debilitaría la consignación de los probables responsables.
Multipresencia
Otra contradicción es que Bernal Castilla “levantó indebidamente” actuaciones ministeriales el día 29 en la Ciudad de México, mientras que “ese día se encontraba llevando a cabo la diligencia de búsqueda y recolección de indicios en el río San Juan”. La visitaduría detectó que Jorge García Valentín, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, también “asentó indebidamente fechas y horas contradictorias”, por ello planteó su remoción de cargo.
En la documentación, la visitaduría da cuenta de cómo la misma agente ministerial firmó actas en Guerrero y en la Ciudad de México al mismo tiempo, lo cual no pudo ocurrir pues señala que entre las 14:00 y las 15:00 horas estuvo presente en el río verificando el hallazgo de restos humanos expuestos a fuego directo y que eso ocurrió hasta las 18:00 horas del 29 de octubre. Y en otras actas oficiales se confirma su presencia en las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México.
Cuerpos apilados
Algo que llamó la atención a la visitaduría fue la declaración de García Reyes. El presunto homicida admite haber llevado al basurero de Cocula en una camioneta Nissan blanca a cuatro estudiantes amarrados y boca abajo. Otros presuntos sicarios ya estaban ahí con otro vehículo y más jóvenes en la misma circunstancia.
“Empiezan a bajar a los estudiantes, todos iban amarrados y estaban acostados a lo largo, unos sobre otros boca abajo (…) veo que El Cepillo, El Guerreque, El Primo y El Bimbo llevaban armas cortas y todos ellos disparan hacia donde estaban amontonados los estudiantes, incluyendo El Cochiloco. Les disparan a la cabeza a todos y detonando varias veces a los que estaban en la parte de arriba, siendo como unos 20 o 22 personas”.
La visitaduría pone en duda que hubiesen llevado a los 43 jóvenes todos apilados, sin moverse o gritar, pero García continúa en su relato que a los muertos “los agarraban de los pies y las manos y los columpiaban para poderlos aventar al fondo del basurero y los que quedaban vivos los bajaron caminando”.
Sanciones
El visitador determinó remover de su cargo a Blanca Alicia Bernal Castilla y al fiscal antisecuestros de la SEIDO, Jorge García.
También resolvió que los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, cometieron irregularidades y debían ser removidos por incurrir en perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia (acciones que se deben tomar para preservar evidencias de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.
Propuso dar vista a la SFP para que actuara en contra de Tomás Zerón, además de que podía ser castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma circunstancia la visitaduría puso al fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.
En la página de internet de la SFP relativa al registro de servidores públicos sancionados no aparece ninguno de los aludidos.
Fuentes oficiales del gobierno federal dijeron que confían en que de ser confirmadas estas anomalías puedan ser subsanadas por la PGR.
Sin embargo, recordaron, que en sus recomendaciones, el GIEI les hizo saber que deben sustentar bien las investigaciones.
