La prevención e investigación de los delitos derivados del robo de combustible son responsabilidad de las autoridades civiles, sin embargo, aunque el Ejército ha tenido que coadyuvar con estas tareas, opera sin marco regulatorio porque la iniciativa de Ley de Seguridad Interior permanece detenida, advirtieron militares consultados por EL UNIVERSAL.
Incluso, tras los hechos ocurridos en el poblado Palmarito, Puebla, la Policía Militar realizó funciones de seguridad pública que le competen a las autoridades civiles, al ir en busca de los homicidas, detenerlos, y resguardar la zona donde los pobladores bloquearon la autopista Puebla-Orizaba durante cuatro horas.
Tan solo en Puebla, donde la noche de este miércoles murieron 10 personas, entre ellas cuatro soldados, y otros 11 uniformados resultaron lesionados, entre los años 2015 y 2017, el Ejército ha sido atacado 14 veces por los “huachicoleros”, según el recuento de cifras oficiales.
Fuentes federales explicaron que el modus operandi de estos grupos criminales consiste en agredir a las autoridades y poner como escudo a mujeres y niños para que, en caso de responder el ataque, denunciar a los uniformados, argumentar violaciones a los derechos humanos con el fin de impedir su aprehensión y continuar con las actividades ilícitas.
El vacío legal da ventaja al crimen organizado, explicó un militar en el anonimato, porque no hay respaldo jurídico para los soldados ante una agresión.
“No hay certeza jurídica para saber con qué intensidad se debe hacer uso de la fuerza ni el poder de fuego permitido porque la Ley de Seguridad Interior sigue detenida.
“Los pobladores saben que ahí se cometen delitos, que roban combustible, que mataron soldados, y se convierten en cómplices al manifestarse en contra del Ejército, protegen a los delincuentes y se dicen víctimas o agredidos por el Ejército”, subrayó.
El mes pasado, EL UNIVERSAL publicó una entrevista al general de brigada de justicia militar y licenciado, Alejandro Ramos Flores, jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la Sedena, quien señaló que dicha ley no es moneda de cambio partidista y su aprobación no puede estar sujeta a negociación política por los tiempos electorales.
Coincidió que es urgente su aprobación porque, ante el vacío legal, el único que se beneficia es el crimen organizado sin que haya esfuerzos por parte de las Policías estatales ni municipales para consolidarse, fortalecerse y profesionalizarse para cumplan con sus obligaciones y las Fuerzas Armadas se retiren.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, había dicho que la Ley de Seguridad Interior estaría lista en el pasado periodo ordinario de sesiones, sin embargo, no fue así.
El robo de combustible es una actividad relacionada con el crimen organizado. Este miércoles, el Ejército aseguró a 12 personas, entre ellas tres menores de edad, y tres fusiles de asalto, un arma corta, cartuchos y al menos cuatro vehículos, dos de ellos blindados.
La Sedena reforzó a principios de año los operativos en Puebla con el despliegue de 500 elementos de la Policía Militar porque es la entidad con mayor incidencia en ordeña de ductos de combustible a nivel nacional.
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