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Desde 1987 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado sobre el asesinato de periodistas y la situación de inseguridad que vive el gremio en México; durante casi 30 años ha enviado ocho misiones especiales al país para investigar, discutir y presentar ante autoridades de primer nivel los casos de homicidios en el país y el hecho de que han quedado impunes.
En los últimos 23 años la SIP se ha reunido con los presidentes mexicanos Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; ha participado en 28 misiones con visitas a funcionarios de primer nivel en las que advirtió sobre factores que han afectado la libertad de prensa en el país: las condiciones socioeconómicas a las que se enfrenta el gremio, el incremento de 150% en el impuesto para la importación del papel periódico y la impunidad de los crímenes contra periodistas, según especifica el organismo internacional en el documento Actividades de la SIP en México por tema de la violencia e impunidad 1994- 2016.
Los mandatarios se han comprometido a investigar, resolver los casos, tomar las medidas para que no volvieran a ocurrir asesinatos contra periodistas y emplear la fuerza del Estado contra los delincuentes.
En octubre de 1997, en la Asamblea General de la SIP en Guadalajara, Jalisco, Zedillo dijo que todos los casos reportados “merecerán la mayor atención y el más cuidadoso seguimiento”. Siete años después, en 2004, en la reunión de medio año de la organización, en Los Cabos, Vicente Fox prometió “ir a fondo” en todos los casos y “tomar todas las medidas pertinentes para asegurar que no vuelvan a repetirse”.
En 2010, en medio de la guerra contra el narcotráfico que inició su administración, Felipe Calderón fue uno de los oradores en la Asamblea General de la SIP en Mérida, Yucatán, en noviembre de 2010. Dijo que “cada palabra que se silencia, es una razón más para combatir a los criminales” y prometió emplear toda la fuerza del Estado para garantizar “la seguridad de los ciudadanos, incluyendo a los periodistas”.
En octubre de 2016 la Asamblea General de la SIP pidió al presidente Enrique Peña Nieto que dotara al sistema de protección con recursos para combatir la violencia y garantizar la seguridad de los periodistas; en marzo de 2013 se le urgió a incluir en el Pacto por México la protección de la libertad de expresión y el combate a la impunidad en estos crímenes.
Desde 1987 la SIP ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cinco casos de asesinatos de periodistas en México: Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Benjamín Flores, Alfredo Jiménez y Francisco Ortiz Franco.
En sus asambleas y reuniones entre 1992 y 2017, la SIP aprobó 111 resoluciones en asuntos relacionados con México, la mayoría sobre violencia contra periodistas e impunidad. Fueron enviadas en cartas a más de 300 autoridades estatales y nacionales.
A pesar de que el organismo inició sus investigaciones desde 1996, fue en 2003 cuando con las autoridades se acordó dar seguimiento a las investigaciones en los casos de Miranda y Oropeza. Las conversaciones se suspendieron un año después por falta de avances.
El organismo internacional lleva años alertando sobre la necesidad de investigar “con prontitud” y sancionar los delitos contra la prensa en el continente. Durante la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión, que se celebró en la Ciudad de México en 1994, dijo que la violencia de cualquier tipo contra la prensa coarta la libertad de expresión.
“El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión. Estos actos deben ser investigados y sancionados con severidad”, señala el documento.
Los primeros llamados directos al gobierno mexicano se hicieron durante la presidencia de Ernesto Zedillo. En 1995, la SIP envió su primera misión especial para investigar el asesinato de tres periodistas en Cuernavaca, Morelos, perpetrados entre junio y julio de 1994: José Luis Rojas y Enrique Peralta Torres, del diario La Unión, y Jorge Martínez Dorantes, de Crucero; en 1996 se iniciaron investigaciones por los homicidios de Héctor Félix Miranda, cofundador del semanario Zeta, asesinado en 1988 en Tjiuana, y de Víctor Manuel Oropeza, columnista de El Diario de Juárez, asesinado en esa ciudad en 1991.
Desde 1987, el organismo ha presentado cinco casos de periodistas asesinados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Benjamín Flores y Francisco Ortiz Franco.
En 2002, en la conferencia internacional Narcotráfico: Periodistas bajo riesgo, que organizó en la ciudad de Tijuana, Baja California, la SIP alertó que el narcotráfico “es una de las peores y más repudiables formas de agresión a la libertad de prensa” y planteó la necesidad de crear “nuevas y más eficaces medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en las regiones de mayor peligro del continente”.
Los llamados y las advertencias continuaron. En 2005, con la Declaración de Hermosillo, firmada como producto del Encuentro de Editores del Norte de México, la SIP alertó sobre el impacto de la violencia en el ejercicio de la libertad de expresión y la impunidad como el “mayor aliciente para que estos atentados [contra periodistas] se repitan”.
“El impacto de esta violencia, expresado brutalmente al despojar de la vida a estos periodistas, al sustraerlos de sus familias, amigos y colegas, se expresa igualmente en un clima de intimidación que acalla múltiples voces, mutila a la sociedad sus mecanismos de convivencia e impone una muerte lenta a la libertad misma”, señala el documento.
Luego vino la Declaración de México en 2008, en la que los directivos de medios mexicanos, entre ellos EL UNIVERSAL, demandaron al gobierno crear los instrumentos necesarios para poder combatir “con eficacia” los delitos contra la libertad de prensa, así como federalizarlos.
En la Declaración de Durango, de 2010, se exigió a las autoridades mostrar voluntad para resolver los asesinatos de periodistas y que ofrecieran información veraz y probada.
En la Declaración de Puebla, en 2011, representantes de 22 universidades mexicanas y latinoamericanas exigieron que los delitos contra la libertad de expresión no prescriban y que los estados investiguen de oficio.
