La aprehensión de 107 objetivos prioritarios planteados al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto no ha mostrado resultados positivos en los niveles de violencia del país, porque ha generado una fragmentación de los cárteles del narcotráfico que en su disputa por el control de plazas dejan olas de criminalidad a su paso, aseguraron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
El gobierno federal planteó una lista de 122 objetivos prioritarios que incluye a líderes y operadores de todos los cárteles del país, de los cuales sólo restan 15 por detener; sin embargo, estos resultados no han influido en las cifras de homicidio doloso y 2017 se perfila para ser el año más violento en los últimos 20 años.
La detención y abatimiento de las principales cabezas del crimen organizado ha resultado insuficiente para garantizar la mejora en las cifras de asesinatos a nivel nacional, porque las disputas en las células que pierden a sus líderes provocan más enfrentamientos, aseguró Corina Giacomello , investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“Para atacar el crimen organizado, una de las estrategias que no es la más exitosa es tratar de descabezarlo, porque eso puede conllevar a una reproducción. En lugar de tener una organización, se fragmentan en más. Se generan pugnas internas, lo cual obviamente va a repercutir en los niveles de violencia”, advirtió.
Giacomello señala que la lista de los 122 objetivos “responde a otras finalidades y compromisos internacionales” y para ofrecer resultados positivos en materia de seguridad se debe luchar contra la corrupción y la impunidad. Afirma que los nombres de los 122 objetivos nunca fueron abiertos al público y se fueron conociendo conforme ocurrieron las detenciones.
La especialista destaca la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa; las detenciones de Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy, líder del Cártel de Juárez; Héctor Beltrán Leyva, El H, del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, y Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza, El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
Entre los abatidos destaca Enrique Kike Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios. Estas detenciones y abatimientos no se han reflejado positivamente en las cifras de incidencia delictiva. Según el conteo que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el homicidio doloso mantiene un alza en los últimos años.
El primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2013), el SESNSP reportó 18 mil 332 asesinatos a nivel nacional; para 2014 la cifra disminuyó a 15 mil 653. En 2015 la cifra se elevó a 17 mil 34 indagatorias por homicidio doloso. En el año 2016, fiscalías y procuradurías de las 32 entidades de la República reportaron un total de 20 mil 748 asesinatos. Y desde enero a abril de 2017 el Secretariado reportó 7 mil 727 indagatorias iniciadas por homicidio doloso. Esta última cifra incluso supera lla registrada en los primeros cuatro meses de 2011, año calificado como el más violento en las últimas dos décadas, cuando se contabilizaban 7 mil 335 denuncias por asesinato.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, reconoció que actualmente hay otros nombres que se han agregado a la lista de los objetivos prioritarios.
“Sí, han surgido algunos otros [nombres] que se agregan a los 122 originales, pero entre los 122 se encuentran los de los líderes de las organizaciones criminales que, si bien se han desmembrado algunas, siguen siendo sujetos de importancia para capturar”, afirmó en días pasados durante una conferencia de prensa.
Al respecto, Zara Snapp, consultora en política de drogas, aseguró que la lista de capos capturables es interminable porque cuando se realiza una detención surgen nuevos líderes.
“Podrían seguir poniendo nombres porque cada vez que agarran a un capo surge otro, se va a seguir extendiendo esa lista sin fin.
“El sentido que tiene [la lista] para ellos [el gobierno] es demostrar que ha habido resultados, pero lo que estamos viendo en el país es que estamos en el año más violento, no ha tenido los resultados en el impacto que quisiéramos, en las tasas de homicidios, de extorsión, de desapariciones y eso es lo que un gobierno debería buscar”, señaló Snapp.
De la lista original, de la cual faltan 15 capos por aprehender, sólo se conoce públicamente la aparición de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel del Pacífico; Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Juan José Esparragoza, El Azul, fundador del Cártel de Sinaloa.
Extraoficialmente se sabe que también figuran Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de El Chapo Guzmán, así como Dámaso López Serrano, El Mini Lic, hijo de Dámaso López, El Licenciado, líder del Cártel de Sinaloa y brazo derecho de Guzmán Loera.
Un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que los 15 objetivos restantes son integrantes del Cártel del Golfo, del Cártel de Juárez, de los Beltrán Leyva, La Familia, Los Zetas y del Cártel del Poniente.
La PGR reconoce, en reportes de transparencia, la existencia de nueve cárteles del narcotráfico: del Pacífico (Sinaloa), los Arellano Félix, la Familia Michoana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación, de los cuales se desprenden al menos 37 células.
“Lo que vimos fue la fragmentación de los diferentes grupos delictivos comandados por esos líderes y eso ha producido un mayor grado de combatividad en las diferentes facciones que quedaron, segundos líderes que tomaron posesión de las facciones que quedaron y se pelean entre ellos. Se creía que con estos 122 objetivos se acababa el fenómeno y no, lo que ocurre es que cortando una cabeza se reproducen más y no son 122, sino quién sabe cuántos más”, señaló José Antonio Newman Aguilar, especialista en seguridad nacional.
Newman afirma que la captura de estos objetivos, aunque se cumplimente en su totalidad, no significa un logro para el gobierno federal, porque no se está finalizando con el problema del crimen organizado.
“No importa si faltan 15 capos y detienen a los 15 objetivos, el fenómeno de la delincuencia organizada y las tasas de homicidio demuestran una clara derrota de la estrategia de seguridad”, asegura el especialista.
Agrega que la detención de líderes del narcotráfico ha provocado además del aumento de la violencia en cuestión de homicidios dolosos, el aumento en otros delitos de alto impacto.
“El gobierno federal pecó de ingenuo pensando que una vez agarrando las cabezas iba a acabar con los problemas. El fenómeno delictivo es mucho más complicado, porque acabando cabezas no se acaban las organizaciones, al contrario, estas bandas además de fragmentarse se están dedicando a otras actividades como el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, que eso no teníamos antes”, explica.
Los especialistas coincidieron en que hace falta una estrategia de seguridad que se enfoque no solamente en la detención de los líderes del narcotrafíco, sino también en programas sociales que prevengan que los mexicanos se sumen a las filas del crimen organizado.
“México es un país que sufre de violencia estructural, ejerce violencia de Estado en algunas de las operaciones contra el crimen organizado, la violencia sistémica, la corrupción y la desigualdad son algunos factores de la violencia que habría que atender y que no tienen nada que ver con la lista de 122. No podemos mezclar la lucha contra el crimen organizado con las estrategias para reducir el fenómeno; son cuestiones distintas”, dijo Giacomello.
La estrategia de la lista de 122 objetivos no se preocupa por la reconstrucción de la paz en el país y ha mantenido “un enfoque de guerra”, advirtió Zara Snapp.
“Esta estrategia fue confusa y contraproducente, lo que hemos visto también es diversificación en las actividades. Tendríamos que haber visto una inversión más grande en programas de educación, en empleo para jóvenes, un enfoque en los estados con mayor violencia, en cómo podemos asegurar que el Estado esté llegando a esos lugares y no con el Ejército, sino con programas sociales y económicos que tengan un impacto real en la sociedad.
“Lo que hemos visto es un enfoque de guerra, el gobierno debería estar pensando cómo realmente conseguimos la paz, reconstruir un tejido social más fuerte. Esta lista es un indicador que no importa, es como una rueda que va a seguir produciendo las mismas actividades o más violentas”, explicó Snapp.
El gabinete de seguridad ha detenido 93 capos y abatido a 14, de quienes se conoce nombre, alias y organización delictiva a la que pertenecían. En la lista de prófugos la información se encuentra protegida, con excepción de la de El Mayo Zambada y de El Mencho.
