El Inai ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA dar a conocer los nombres de los 50 ayuntamientos con el mayor número de homicidios dolosos en el país, considerados en la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios.
También deberá informar de las acciones previstas para reducir ese tipo de delito y las autoridades participantes en la estrategia; y respecto del estado de Jalisco, las actas derivadas de las reuniones realizadas entre autoridades, así como el número de bases de operaciones mixtas involucradas y desglosadas por ayuntamiento.
Un ciudadano -vía la ley de transparencia- solicitó el nombre de los 50 municipios contemplados en la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios, el diagnóstico de cada uno de ellos, las autoridades involucradas, y las acciones realizadas por la SEDENA.
En respuesta, el sujeto obligado indicó que no localizó ningún documento referente a los primeros puntos petitorios, porque solo coadyuva con las autoridades civiles participantes a petición expresa; y orientó a la solicitante a dirigirse a la Secretaria de Gobernación, por ser la instancia responsable de las Políticas de Seguridad Pública del país.
Respecto al número de efectivos desplegados en Jalisco, la SEDENA manifestó que dicho dato estaba reservado por cinco años, pues su difusión vulneraría las acciones realizadas en contra de la delincuencia organizada, proporcionando la resolución en donde se confirma la clasificación invocada.
Inconforme, el ciudadano interpuso recurso de revisión ante el Inai, mientras que, en vía de alegatos, la dependencia reiteró su respuesta inicial.
Al exponer el caso ante el pleno, la comisionada Areli Cano señaló que el registro de homicidios dolosos se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, ya que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2006 se reportaron más de 11 mil casos, mientras que a finales de 2016 la cantidad se duplicó, llegando casi a los 21 mil reportes; precisando que en los últimos 15 años, la cifra ha superado las 251 mil defunciones en este rubro.
Recordó que el Ejecutivo federal instruyó al Gabinete de Seguridad, en el cual participan las Fuerzas Armadas, para que en estrecha coordinación con las autoridades locales pusieran en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran el 42% de registros de este delito.
Bajo este contexto, al analizar la declaración de inexistencia invocada por la SEDENA, se determinó que pese a seguir el procedimiento de búsqueda previsto en la ley, al turnar la solicitud al Estado Mayor, otras unidades administrativas podrían contar con lo peticionado.
Además, el criterio utilizado no brinda certidumbre, pues la dependencia justificó la inexistencia en una cuestión de incompetencia, cuando ambas figuras son de naturaleza diversa.
Esta última, explicó la comisionada Cano, supone la carencia de atribuciones para conocer de la solicitud, mientras que la inexistencia supone que sí se cuenta con ellas, pero la información no se encuentra en los archivos.
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