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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) corroboró que en México han desaparecido 32 mil 236 personas hasta octubre de 2016 y han sido localizadas 855 fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron mil 548 cadáveres.
Señala que se encontró un problema estructural en la atención a víctimas del delito de desaparición.
Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz son las entidades que reportaron haber exhumado y/o encontrado 35 mil 958 restos óseos y humanos. Por estos delitos hay ocho personas sentenciadas, dos de las cuales fueron por el orden local y seis por lo federal, informó el primer visitador general Israel Eslava Pérez.
En la presentación del Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, la CNDH señala que 82.71% de los casos se concentran en 11 estados: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán.
En su reporte, la CNDH encontró que hay un incremento en los casos de personas desaparecidas en los últimos 10 años, puesto que en 2007 se reportaron 662 casos y para octubre de 2016 se denunciaron 3 mil 805, de acuerdo con las cifras oficiales.
Esto representa un aumento de 474% en la cantidad de personas desaparecidas en el país.
La comisión reconoció que tanto en la localización de fosas clandestinas como en la búsqueda de personas, han sido los familiares quienes logran los mayores avances, pese a ponerse en situaciones de riesgo y no contar con los recursos suficientes para realizar la búsqueda de sus parientes.
“En muchas ocasiones, la búsqueda y localización de fosas clandestinas es realizada por la sociedad civil, que, ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, se ve obligada a hacer lo que le corresponde a la autoridad”.
El informe destaca un problema estructural en la atención de las víctimas relacionado con la falta de una ley en la materia y de profesionalización en las autoridades dedicadas a la investigación, “aunado a la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad, corrupción y colusión de servidores públicos con la delincuencia”.
La CNDH reportó irregularidades en las investigaciones de desaparición que realizaron las procuradurías de justicia locales y la Procuraduría General de la República (PGR). En una revisión de 100 expedientes iniciados entre 2009 y 2015, halló que las pesquisas no se realizaron de manera “pronta, exhaustiva e imparcial”.
Por ejemplo, las labores de búsqueda no se iniciaron de manera inmediata, el Ministerio Público no reporta los casos a la policía ni a periciales, no investigaron ni interrogaron a testigos ni se implementaron los protocolos homologados para la búsqueda.
Tampoco iniciaron averiguaciones previas a pesar de que había elementos para presumir que se cometieron delitos, no recabaron las fichas de identificación de las personas desaparecidas ni transmitieron el reporte a programas federales para búsqueda.
“Las inconsistencias estructurales, entre ellas la deficiente procuración de justicia que aún enfrenta el país, dificulta la atención pertinente de los casos, partiendo de cuestiones tan básicas como precisar cuántos de esos casos pertenecen a desaparición forzada, cuáles son imputables a la delincuencia organizada, y cuántas víctimas corresponden a causas diferentes”, dijo.
Los datos se obtuvieron de las cifras entregadas por las procuradurías de justicia locales, y las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La CNDH revisó los registros de 57 mil 861 personas reportadas como desaparecidas entre 1995 y 2015. De estos corroboró 32 mil 236 casos, de los cuales se tendrá que determinar cuántas personas han sido localizadas. Esta revisión no coincide con las cifras oficiales, las cuales sólo reconocen la desaparición de 29 mil 903 personas.
Sobre las fosas clandestinas, entre el 1 de enero de 2007 y septiembre de 2016 fueron localizadas 855, en las cuales se exhumaron los cuerpos de mil 548 personas; las entidades con más son: Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, y Sonora.
