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alberto.morales@eluniversal.com.mx
Solo cinco estados del país (Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo y Zacatecas), de 32 entidades, cuentan con una iniciativa para crear su ley de protección de datos armonizada con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Según el monitoreo legislativo que lleva a cabo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Quintana Roo fue la primera entidad en contar con una iniciativa, presentada el 7 de febrero de 2017 por la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria del Congreso Estatal. Le siguió Zacatecas, cuya iniciativa fue presentada el 22 de febrero por la diputada local Julia Arcelia Olguín (PVEM); Oaxaca fue el tercer estado, el órgano garante local presentó la iniciativa. En Baja California, la diputada local Iraís María Vázquez (PAN) se encargó de mandar su propuesta, Sinaloa mandó el proyecto de la diputada local Ana Cecilia Moreno (PRI).
La Ley General de Protección de Datos Personales establece un plazo de seis meses, a partir del 27 de enero, cuando entró en vigor la ley, para que las legislaturas de la federación y de las entidades federativas armonicen su ley en la materia.
El Inai dijo que, “con el propósito de colaborar con las entidades en el proceso de armonización de sus leyes de protección de datos personales, puso en marcha la Estrategia para la armonización de la Ley General de Protección de Datos Personales en las Entidades Federativas”.
Entre las acciones a desarrollar se encuentran el definir la configuración normativa mínima para la Armonización de la Ley General, con el fin de especificar e identificar los mínimos irreductibles que deben contener las leyes estatales para garantizar la protección de los datos personales. Así como emitir una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales que sirva de herramienta de apoyo a los actores relacionados con el proceso de armonización legislativa, como el poder Ejecutivo y las Legislaturas locales.
Esto evitará posibles inconsistencias normativas; reunirá todos los aspectos de mejora y, en la medida de lo posible, se adoptarán aquellos estándares nacionales e internacionales que no hayan sido considerados en la Ley General.
