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Washington.— El gobierno mexicano se negó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a descartar la hipótesis de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, recuperando así una versión desechada por varios peritos y estudios científicos que negaron que los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 hubieran sido quemados en un basurero de Cocula.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, esgrimió ante una representación de las 43 familias de los normalistas y los comisionados de la CIDH, en la primera jornada de audiencias del organismo, que “no se ha consolidado” otra versión, y pidió que se abra “alguna posibilidad para considerar la hipótesis que ha presentado el Estado”.
Agregó que “se han investigado otras líneas, realizado cientos de búsquedas, se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información, y podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis”.
Las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) fijaron la posición del gobierno federal sobre este caso en un comunicado conjunto.
“El Estado mexicano subraya, como se ha hecho en innumerables foros, nacionales e internacionales, el compromiso absoluto de garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, destinando todos los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos y llevar a todas aquellas personas responsables penalmente ante los tribunales correspondientes”, se puntualizó.
En Washington, la defensa de las víctimas reaccionó a lo dicho por Campa. Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a EL UNIVERSAL: “Estamos preocupados porque sigue creyendo en su hipótesis oficial, que fue desmentida científicamente por la propia CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Para César Manuel González, padre de uno de los normalistas, la posición del gobierno “son patadas de ahogado (...). Se están poniendo en contra de la CIDH. Recuerde que el GIEI dijo con pruebas contundentes que no había sido ahí”.
La relatora de la CIDH para México, Esmeralda de Troitiño, llamó a las autoridades mexicanas a usar cualquier tecnología disponible para buscar a los estudiantes.
Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México de WOLA, resaltó: “Me parece inaceptable que Campa haya afirmado que el gobierno mexicano tiene la misma hipótesis más de dos años y medio después de los hechos y del trabajo del GIEI”.
Sara Irene Herrería, subprocuradora de Derechos Humanos, dijo: “Seguimos abiertos a todas las líneas de investigación”.
