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Ayer entró en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de las personas físicas a la protección de sus datos personales en el sector público federal, estatal y municipal.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) precisó que se trata del primer ordenamiento mexicano que regulará el tratamiento de los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad u órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos autónomos; partidos políticos; fideicomisos y fondos públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios.
La Ley General, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, establece las bases mínimas y condiciones homogéneas para garantizar el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) ante el sector público, mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Entre los temas que se desarrollan en 168 artículos, destacan por su aspecto innovador los siguientes puntos:
La definición de las bases para la elaboración, ejecución y evaluación de un Programa Nacional de Protección de Datos Personales, desde una óptica de política pública en la materia.
La incorporación de temas de seguridad en materia de cómputo en la nube y vulneraciones, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales vigentes.
La definición de un régimen de transferencias nacionales e internacionales de datos personales, que facilite el intercambio de información personal entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
