El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, planteó la necesidad de que el condicionamiento de los programas sociales sea tipificado como delito grave y que, por tanto, amerite prisión.
Actualmente, planteó, en el nuevo sistema penal ni ese delito ni el de peculado electoral son ilícitos para los que se pueda solicitar prisión preventiva, por lo que los involucrados pueden seguir su proceso en libertad.
Por tanto, ambos deben ser considerados delitos graves para evitar que quienes incurran en él salgan libres bajo caución, planteó al participar en el programa Justicia Electoral a la Semana, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los programas sociales son para satisfacer derechos de la ciudadanía y no para comprar el voto, ni condicionarlos para que un partido político o candidato obtenga un triunfo, advirtió, y quienes lo hacen desvirtúan el fin de las políticas sociales, que es “atemperar las desigualdades sociales en un país como México, que tiene unos niveles de desigualdad muy grandes”.
Respecto al llamado turismo electoral, consistente en el traslado de personas de una entidad o municipio a otro con el fin de participar en algún proceso electoral, Nieto Castillo aseveró que “está alcanzando dimensiones graves y se ha detectado en diversas entidades del país”.
Reportó que la FEPADE y el Instituto Nacional Electoral (INE) trabajan de manera conjunta para combatir ese delito y alertó que se ha detectado “una variante” que consiste en turismo supranacional, pues “se ha descubierto que ciudadanos guatemaltecos, de manera irregular, obtenían credenciales para votar en Chiapas, particularmente, en los municipios de Suchiate y Mazapa de Madero”.
Señaló que también se ha encontrado ese ilícito de Yucatán a Quintana Roo, en la ruta hacia Veracruz y también en Sonora.
