Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Con la llamada guerra contra el narcotráfico la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó de manera indiscriminada la figura de testigo protegido para acusar a servidores públicos de nexos con los cárteles, pero al no tener un sustento ante los juzgados las investigaciones se vinieron abajo.
En los primeros seis años de esa lucha la procuraduría gastó poco más de 101 millones de pesos para cubrir los gastos de 379 testigos y en los siguientes años, con el cambio de administración, la entonces titular de la PGR Arely Gómez depuró la lista y sólo se dejó a 11 de los testigos protegidos sin que se conozca el pago ni los nombres de los que aún sirven a la dependencia para sus investigaciones.
La presencia de los testigos para emprender investigaciones provocó que se destaparan acusaciones e investigaciones dentro de la Policía Federal, se involucró a funcionarios de primer nivel dentro de la misma PGR e incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Para María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, se dio un mal uso a quienes se acogían a ese programa y eso dio pie a tener graves problemas en las investigaciones.
“Usaron mal la figura del testigo protegido. Se supone que lo que hace es dar información que la PGR debe verificar antes de ponerla en una averiguación; no podemos pensar que un testigo vaya a decir la verdad, todo tiene que estar sustentado en pruebas”, señaló.
Mencionó que el sistema de seguridad y justicia es “una vergüenza”, por lo que espera que con el nuevo sistema de justicia penal se solucionen esas deficiencias, “pero no se va a lograr si no hacemos que el ministerio público logre tener los conocimientos necesarios para armar un buen caso”.
Advirtió que de seguir en la misma línea “vamos a seguir con miles de muertos, desaparecidos, desplazados y el dolor de las familias que se queda por generaciones”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, indicó que la figura de testigo protegido es útil para obtener información y desmantelar redes criminales.
“Debe existir, pero tiene que estar sujeta a control de los tribunales. El problema es la operación; el sistema no operó como quisiéramos y también se abusó de algunos testigos.
“Al parecer tenían un don porque oían y estaban en todos lados. Eso habla de una debilidad de la procuración de justicia en general, de la dificultad para construir casos que no se basen en testimoniales”, agregó.
Con Felipe Calderón la instrucción fue depurar las instituciones, tanto a la Procuraduría como la Policía Federal, puesto que se detectó que algunos funcionarios de alto nivel brindaban protección a cárteles mexicanos, pero con la Operación Limpieza en 2008 también comenzaron las traiciones.
En mayo de ese año, el coordinador de Seguridad Regional, Édgar Eusebio Millán Gómez, fue ultimado al salir de un domicilio en la colonia Guerrero. El mando policiaco era uno de los cerebros en la estrategia que dio grandes golpes al cártel de Los Beltrán Leyva, organización que mandó matarlo.
En esa primera sacudida a la dependencia estuvo involucrado un policía federal de nombre José Antonio Martín Montes Garfias, encargado de brindar protección a ese grupo criminal en el aeropuerto de la Ciudad de México para el trasiego de droga.
Un mes después, otra baja se registró en la institución. Igor Labastida Calderón, comandante de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal y uno del primer cuadro estratégico para acotar la estructura financiera de los cárteles, fue ultimado en la colonia Argentina de la capital.
Se había encargado de la depuración de la Policía Federal, especialmente de la división de Caminos. Junto con Eusebio Millán había impulsado un programa para detectar, en esta área, a elementos ligados al crimen organizado y dedicados al trabajo de informantes y a la custodia de cargas ilícitas en carreteras y aeropuertos del país.
Ese mismo año fueron detenidos siete altos mandos, seis mandos medios y 12 agentes, entre ellos el de más alto nivel, el ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano; Rodolfo de la Guardia García, ex director de Interpol México; Víctor Garay Cadena, ex comisionado de la Policía Federal, y el ex coordinador de Seguridad Regional de la PFP, Javier Herrera Valles.
Los funcionarios fueron señalados por nueve testigos protegidos, entre ellos Jennifer, como se identificó a Roberto López Nájera, colaborador de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, como parte de una red que brindaba información a Los Beltrán Leyva.
Por falta de pruebas con valor probatorio todos obtuvieron su libertad; el juez federal evidenció que los testigos colaboradores no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que nos les constaban.
Entre mayo y junio de 2009, 35 personas fueron detenidas por su presunta relación con la organización de La Familia Michoacana.
Los señalados fueron Ignacio Mendoza, ex subprocurador de Justicia de Morelia; Citlalli González, ex secretaria de Seguridad Pública y ex asesora del gobernador Leonel Godoy; Gabriela Mata, ex jefa de grupo de la Policía Ministerial; Uriel Farías, ex presidente municipal de Tepalcatepec; Jaime Liera, ex juez de La Piedad, y Antonio González, ex edil de Uruapan.
También, Luis Ávila, ex alcalde de Ciudad Hidalgo; Adán Tafolla y Roberto Rubio, ex presidente de Tumbiscatío y ex director de Seguridad Pública Municipal; Baldomero Morales, ex policía municipal de Lázaro Cárdenas; Salvador Dionisio Valencia, ex director de Obras de Arteaga, y Abel Salazar, ex síndico de Lázaro Cárdenas, así como el ex procurador General de Justicia del Estado, Miguel García, y el ex director de Seguridad Publica, Mario Bautista.
De nuevo otro testigo protegido fue utilizado para ese caso: se trata de Salvador Puga Quintanilla, Pitufo, con cuya declaración fueron detenidos 34 personas, entre ellos 12 presidentes municipales. Por falta de pruebas también salieron de prisión.
En la administración pasada los testigos más utilizados fueron Sergio Villarreal Barragán, con clave Mateo; José Jorge Balderas, Némesis; Jorge Luis Velásquez Sánchez, Paco; Roberto López Nájera, Jennifer, y Salvador Puga Quintanilla, Pitufo, este último usado por la PGR en 400 averiguaciones previas.
Lista de testigos. De acuerdo con datos de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, durante la administración de Arely Gómez la dependencia sólo tenía en lista a 11 testigos.
En mayo de 2012 las acciones ahora fueron en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por sus presuntos nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva.
Tres meses después de haber sido arraigados se cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra el ex subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare, así como contra el general Ricardo Escorcia Vargas, general Roberto Dawe González, el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.
Las investigaciones indicaron que Jennifer y Mateo señalaron a los militares de haber formado parte de la narconómina de esa organización. En la nueva administración la PGR presentó conclusiones no acusatorias y se desistió de continuar con el juicio contra los elementos de la Sedena.
En tanto, Pitufo, Yeraldín, Pedro, Óscar y Ángeles también involucraron al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington con los cárteles del Golfo y Los Zetas, de los que habría recibido dinero a cambio de que los dejara operar entre los años 2007 y 2009.
En agosto de 2012, 14 elementos de la Policía Federal dispararon en 152 ocasiones a una camioneta en la que viajaban dos agentes de la CIA y un elemento de la Armada de México. La camioneta diplomática fue atacada a la altura de Tres Marías, en la autopista México-Cuernavaca. Se descartó que actuaran por instrucciones de algún grupo criminal.
A nivel local el hecho más reciente fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que dejó al descubierto que presidentes municipales y policías sirven a organizaciones del crimen organizado que se disputan el estado de Guerrero.
Es el caso en el que se tiene registro de más detenidos (131), entre ellos el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, identificados como los cerebros financieros de Guerreros Unidos.
