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El combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico con las Fuerzas Armadas, dejó un saldo de 4 mil 153 muertos, en 3 mil 916 enfrentamientos o agresiones en contra elementos del Ejército, y 72 mil 384 personas detenidas, revelan las estadísticas de los últimos 10 años obtenidas por EL UNIVERSAL, vía ley de transparencia.
Salir de los cuarteles militares tuvo un costo. En estos 10 años, los ataques de los delincuentes dejaron 498 muertos: 246 soldados, mientras que 252 uniformados murieron en accidentes aéreos, automovilísticos, por caída o ahogados en actividades contra el narco. Además de mil 403 heridos en ataques a balazos.
En este periodo los militares aseguraron: 146 aeronaves, 130 embarcaciones, 98 lanzacohetes, 510 lanzagranadas, 9 mil 792 granadas, mil 283 pistas clandestinas, 52 millones 836 mil 116 dólares, y 150 millones 218 mil 223 pesos.
Por cada 100 presuntos delincuentes que perdieron la vida en los enfrentamientos, fallecieron 12 soldados, la mayoría en misiones que se realizaron en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Fue en los primeros años cuando hubo más detenciones, más armas aseguradas, muertos y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ante este panorama, el presidente Enrique Peña Nieto cambió la estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el objetivo de tener un México en Paz; sin embargo, especialistas consultados coinciden que es un “fracasó” porque hay altos niveles de violencia en algunas entidades, los cárteles de la droga permanecen y el crimen organizado sigue operando.
“Son más de 10 años, la primera vez que un Presidente utilizó a las Fuerzas Armadas para una operación en zonas de urbanas, contra el narcotráfico, fue el 11 de junio de 2005, cuando Vicente Fox anunció el operativo México Seguro, luego vino el gobierno que lo enfrentó y ahora este gobierno no ha tenido ninguna estrategia para combatir al crimen organizado”, afirmó Javier Oliva, investigador de la UNAM.
Advirtió que se debe replantear la función de las policías municipales y estatales, porque ha fracasado el proyecto de limpieza, capacitación y confianza en estas instituciones consideradas las más corruptas de acuerdo con la encuesta Envipe 2016, del Inegi.
Las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución con más actividad contra el narco, revelan que en la administración anterior había más operativos y misiones contra el crimen organizado. Del total de detenidos, 22 mil 452 corresponden a los últimos cuatro años y entre 2007 y 2012 se registró el mayor número de decesos por enfrentamientos. En los primeros seis años de esta década fallecieron 2 mil 959 presuntos delincuentes y 405 resultaron heridos.
“Enfrentamos a gente desalmada”
“Son sexenios totalmente diferentes. En el anterior, cuando empezamos estos apoyos, realmente no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pensamos que sería un ejército enemigo con tácticas, técnicas, estrategias y disciplina, pero nos topamos con gente totalmente desalmada, por ello nos tuvimos que capacitar en varios aspectos y hacerle frente a esta amenaza.
“En este sexenio entraron a la jugada varias organizaciones, sobre todo de derechos humanos, por lo que tuvimos que cambiar de chip y acatar muchas disposiciones y directivas en nuestra forma de actuar, esto ha sido bueno, aunque nos duela que la delincuencia organizada se salga con la suya y se hagan pasar por víctimas y ellos, los delincuentes, no respeten esto y mucho menos a los mexicanos”, relató un alto mando militar que aceptó hablar con el seudónimo Eco Julieta.
La delincuencia organizada también atrajo a los menores de edad para delinquir. Entre diciembre de 2006 y enero de 2016, el Ejército detuvo a 4 mil 249 adolescentes que fueron puestos a disposición, en calidad de presentados, ante la autoridad ministerial, revela la información obtenida por transparencia.
“Haber sacado a las Fuerzas Armadas a la calle era indispensable, necesario por la violencia que se venía en contra de los ciudadanos, puesto que los grupos del crimen organizado no solamente estaban en el trasiego de droga, empezaban a secuestrar, extorsionar y a cobrar derecho de piso, aquí el problema ha sido que no le han dejado a las Fuerzas Armadas el manejo de la estrategia”, dijo José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC.
Entidades en Estado de excepción
La estrategia o alternativa en este escenario podría ser el “uso del 29 constitucional y declarar el Estado de excepción en algunas entidades del país, como Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Tabasco y algunas partes del Estado de México, entonces, las Fuerzas Armadas están ahí para servir al pueblo de México y nada más los utilizan trayéndolos de arriba para abajo, a veces, en la época de [Felipe] Calderón, ni siquiera sabían a qué iban”, recordó.
A 10 años, el crimen organizado sigue cometiendo homicidios, secuestros, extorsiones y robos, por ejemplo, de combustible. La estrategia actual, que lleva 4 años, tampoco pudo resolver el problema de inseguridad.
Militares implicados
Los casos de violaciones a los derechos fundamentales de las personas en actividades contra el crimen organizado y el narcotráfico afectaron la imagen de las Fuerzas Armadas.
En los últimos 10 años la Sedena reportó que 389 soldados fueron implicados en algún proceso por presuntas conductas ilícitas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, de ellos, 192 tienen calidad de indiciados, 118 procesados, ocho absueltos, 18 prófugos y 53 fueron sentenciados, indican los datos oficiales.
Ante las 123 recomendaciones y 10 mil 89 quejas en contra de la actuación militar por parte de la CNDH a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), las Fuerzas Armadas se actualizaron, invirtieron en cursos, talleres, diplomados y capacitación.
De ellas, 113 recomendaciones y 7 mil 741 quejas fueron emitidas en la administración anterior; 10 recomendaciones y 2 mil 348 quejas se presentaron en la actual. “El tema no es mantener a las Fuerzas Armadas o no en las calles, ¿qué ha pasado con la construcción de las policías? Ese es el tema central”, cuestionó Javier Oliva, investigador de la UNAM.
“La estrategia tendría que haber sido en tres procesos simultáneos: uno, la construcción de policías locales; dos, un replanteamiento del funcionamiento del sistema penitenciario, estatal y federal; y tres, ha faltado notablemente la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agrega.
A pesar de la sobreexposición pública de las Fuerzas Armadas, la sociedad siente más confianza en estas instituciones que en alguna otra, incluso, el nivel de confianza en el Ejército y la Marina aumentó alrededor de 3 puntos en el último año.
Los mayores de edad consideran que la Marina y el Ejército son las autoridades que mayor confianza les inspiran, con 87% y 84.9%, respectivamente, indica la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe 2016), del Inegi, muy por encima de cualquier otras institución.
En cambio, la Policía de Tránsito y el Ministerio Público son consideradas las menos confiables por corruptas, con 43.6% y 49.9%, respectivamente.
“Sí es preocupante nuestra imagen, en sexenios atrás, la Marina participaba en el Plan Marina y rescate de embarcaciones en alta mar, en el centro del país ni los conocían, podemos decir que tenían muy bajo perfil.
“De repente llega un nuevo sexenio, le entramos duro al combate a la delincuencia organizada y ¡bum! La Marina por sus logros y resultados pasa de bajo a muy alto perfil. La gente ahora los conoce, los identifica claramente y procuramos mantener y mejorar esa imagen. Se siente muy bien cuando la gente nos lo reconoce”, añadió Eco Julieta.
José Antonio Ortega consideró que estamos en la etapa final de esta administración y no hay policías, ni la federal, ni estatales ni municipales, capaces de asumir su responsabilidad: “Lloraríamos si las Fuerzas Armadas se retiran porque quedaríamos totalmente a merced de los grupos criminales. La depuración de la policía lleva casi 20 años y no la han podido concretar, no quieren fortalecer instituciones policiacas capaces de dar seguridad. A 4 años de gobierno sigue habiendo una crisis de violencia, hay un rebote en los homicidios dolosos y hay varias partes de país que están en un verdadero desastre. Veo como un fracaso, tanto de [Felipe] Calderón como de [Enrique] Peña, el plan para disminuir la violencia”, coincidió Ortega.
Golpe al crimen organizado
En los últimos 10 años, el Ejército aseguró al crimen organizado y al narcotráfico 150 mil 114 armas ilegales, de las cuales 91 mil 365 son largas y 58 mil 749 cortas, muchas de ellas provenientes de Estados Unidos, 98 lanzacohetes, 510 lanzagranadas, 9 mil 792 granadas y 4 millones 4 mil 480 cartuchos. La cantidad es suficiente para abastecer a un ejército y la mayoría fueron aseguradas en la administración anterior.
“La sobreexposición en problemas de apoyo a seguridad pública y, a veces, en suplencia de la autoridad local, provoca los roces con la población. Ahora, hay que decirlo, las Fuerza Armadas realizan alrededor de 500 acciones diarias en todo el país. Si multiplican 500 por los seis años de gobierno de Peña Nieto, al final vamos a tener un millón 95 mil acciones de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado.
“A mí me parece que tres o cuatro casos de violaciones a los derechos humanos, que no dejan de ser penosos y abusivos, entre más de un millón de operaciones, es indicador notable de alta eficacia de las Fuerzas Armadas y éstas deben seguir cumpliendo labores de seguridad pública, porque si no lo hacen ellas, ¿quién lo hará? Su calificación es altamente positiva, incluso si las comparas con estándares internacionales”, resaltó Oliva.
Como resultado de las actividades de inteligencia, la Sedena también aseguró mil 283 pistas clandestinas utilizadas para el descenso de avionetas que transportan droga, dinero y delincuentes. En diversos operativos realizados en esta administración los soldados aseguraron 52 millones 836 mil 116 dólares, y 150 millones 218 mil 223 pesos.
Entre diciembre de 2012 y octubre de 2016, la Sedena erradicó 80 mil 901 hectáreas de amapola, 21 mil 462 hectáreas de marihuana. Aseguró 3 mil 138 toneladas 65 kilos de marihuana, 82 toneladas 193 kilos de metanfetaminas, 11 toneladas 664 kilos de cocaína, 3 toneladas 310 kilos de goma de opio y una tonelada 124 kilos de heroína, cantidades que representan miles de millones de pesos en pérdidas para el narco.
“Ellos [los soldados] están pagando el costo político de estar en la calle, han tenido que aguantar la crítica muy fuerte de diversos sectores de la sociedad, especialmente cuando ha habido daños colaterales o matanzas, aunque jurídicamente no se les comprueba nada, como el caso Tlatlaya.
“Ellos no están contentos, no es su tarea, lo están haciendo de manera subsidiaria, obedecen porque son soldados y están acostumbrados a ello, y porque su jefe supremo [el Presidente] así se los está ordenando”, afirmó Ortega.
Eco Julieta coincide que ellos, los militares, “desafortunadamente sí debemos continuar, que si aflojamos la delincuencia organizada sale y se apropia del terreno donde habíamos avanzado, no hay otra opción”.
