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A 10 años de la guerra contra el narcotráfico, la realidad es que las Fuerzas Armadas no pueden regresar a sus cuarteles porque las autoridades civiles no tienen la capacidad para enfrentar al crimen organizado. Con esa estrategia implementada al inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón, los picos más altos de violaciones a los derechos humanos ocurrieron entre 2010 y 2012.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles debe tener un tiempo límite, pero mientras no haya policías bien capacitadas no se podrá.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el ómbudsman nacional comenta que en México persisten la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la intolerancia y la impunidad. Si bien hay avances con un marco normativo de gran calado, no se aplica, por lo que a la CNDH le preocupa que persistan la práctica de tortura, las desapariciones, las fosas clandestinas, desplazamientos forzados y un salario mínimo que no es suficiente.
Al analizar los primeros dos años de su gestión, el presidente de la CNDH advierte que hay voces que pretenden descalificar el trabajo del organismo que encabeza, con el único propósito de desviar la atención. Asegura que su trabajo y señalamientos han sido incómodos, pero seguirá en el camino para que la ley se cumpla.
¿Cuál es la opinión del presidente de la CNDH sobre la guerra contra el narcotráfico?
—En estos 10 años se incorporó a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Las policías se vieron rebasadas en zonas donde se dio una colusión con el crimen organizado.
Pero la intervención tiene que ser limitada en términos de tiempo. La autoridad civil es la que tiene que encargarse. Ha sido insuficiente el trabajo para profesionalizar a las policías. Se han destinado muchos recursos y no tenemos policías locales confiables.
¿La estrategia impactó de manera considerable en el respeto a los derechos humanos?
—Sí. Los años de mayores violaciones a los derechos humanos fueron 2010, 2011 y 2012. En 10 años ese el pico.
¿Falta un marco normativo para que sigan las Fuerzas Armadas en las calles o se cumplió el tiempo para que regresen a sus cuarteles?
—Me gustaría decir que sería deseable que ya regresaran, pero las condiciones en el país no están para eso, hay que ser realistas. Otro derecho humano es la seguridad, de ahí la necesidad de las Fuerzas Armadas [en las calles]. Es una realidad, pero tiene que estar acotada en términos de quién debe conducirla. Hay que darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, pero con límite en los derechos humanos.
¿Estamos mal en materia de derechos humanos?
—Claroscuros. Buenas normas, pero no logramos materializar en su extensión esos derechos. Estamos mal en desapariciones, pobreza y desigualdad. La CNDH ha señalado que el salario mínimo tiene que ser aquel que satisfaga los derecho a la vivienda, educación, alimentación y salud. ¿Cómo se van a obtener con un salario por debajo de la canasta básica? Reconozco el incremento pero es insuficiente.
Ómbudsman, ¿no le tiembla la mano al señalar a las autoridades?
—Estoy cumpliendo con lo que propuse. El ómbudsman va a tener diálogo, interlocución y comunicación, pero va a ser incómodo. Sí, he sido incómodo. Estoy seguro que no gusta que se diga la verdad, como el caso Tanhuato, para el que espero que haya justicia.
Se nos ha querido descalificar alegando muchas veces que defendemos delincuentes. Eso es desviar la atención y confundir a la opinión pública. Lo que hacemos es observar que se cumpla con la ley. Nosotros no nos oponemos al uso legítimo de la fuerza, de acuerdo con criterios de racionalidad y proporcionalidad.
En el marco del Día de los Derechos Humanos, ¿cómo se encuentra México en estos momentos?
—Tenemos claroscuros en el tema de derechos humanos. Por un lado tenemos grandes avances en materia normativa, la reforma de mayor calado desde 1917 es la de 2011. Hay leyes de vanguardia sobre niños y adolescentes; tenemos una ley de víctimas perfectible porque se discute en el Congreso; hay normas protectoras y garantistas como el Nuevo Sistema de Justicia Penal. El avance normativo es bueno; sin embargo, muchos de esos contenidos no se aplican en la cotidianidad.
Vemos rezagos, brechas salariales entre hombres y mujeres, violencia contra las mujeres, temas tan lacerantes como la desaparición y fosas que se están encontrando. Es dramático ante la insuficiencia investigatoria del Estado que los colectivos de familiares se han impuesto en la búsqueda. Es un tema de preocupación.
Vemos intolerancia cuando no se reconocen los matrimonios igualitarios. Hay una falta de consulta en las comunidades indígenas cuando hay proyectos que pueden afectar su cosmos.
Seguimos observando detenciones arbitrarias. No hemos hecho realidad las leyes en su extensión.
Su administración ha insistido en crear un registro nacional de fosas clandestinas, un sistema nacional de búsqueda y un sistema nacional de información genética.
—Desde febrero de 2015 acudí al Comité de desapariciones forzadas de la ONU. Trabajamos un diagnóstico realista, llevamos 15 propuestas, fuimos como institución independiente del gobierno. Propusimos fortalecer el banco de información de desapariciones porque el sistema que tenemos no permite saber cuántas son desapariciones forzadas, cuántas son desaparecidas por crimen organizado y cuántas simplemente se ausentaron. Se tiene que fortalecer porque ese registro lo alimentan las procuradurías de los estados, pero no hay uniformidad. Necesitamos un banco de datos confiable.
La ley de desaparición por sí no va a resolver los problemas. Se requiere de voluntad política e instrumentar la profesionalización del personal.
¿Qué sucede con lo derechos de la población indígena?
—Lamentablemente esta población ha sido discriminada. No se les toma en cuenta para el desarrollo de proyectos en su territorio. Las quejas por esas circunstancias han crecido.
¿Tortura y malos tratos?
—Siguen estando presentes. Las quejas crecieron este año.
Tuvo dos casos importantes: Tanhuato y Tlatlaya.
—En estos dos casos, como en cualquiera de la CNDH, nos vamos a pronunciar con las evidencias y pruebas sólidas que se desprendan del expediente. Así debe ser el ejercicio del ómbudsman autónomo.
Lo que se desprenda del expediente y la recomendación de Tlatlaya la recalifiqué como un hecho grave, que lo es. En el caso de Tanhuato, uno no quisiera que hubiese ese tipo de hechos, pero encontramos cosas delicadas: ejecuciones arbitrarias, sembrado de armas, falsedad en partes informativos. Eso es lo que dijimos.
La CNDH es sólida, analizamos expedientes para tener certeza. Y eso nos da credibilidad; nuestro reto es que se confíe y se crea en un organismo protector y en ese camino andamos.
¿Desplazamiento forzado?
—La Comisión está marcando pautas. Por primera vez emitimos este año el primer informe. De ser cierto lo que dice un funcionario, jefe de unidad de la Secretaría de Gobernación, de que solamente son identificables poco más de 4 mil casos, yo quisiera que se asomaran y que vieran mucho más.
Al Estado le toca investigar eso. Hay informes de organismos que hablan de 250 mil. Lo de nosotros fue una muestra de 35 mil, pero de ahí a que digan que son 4 mil 500 los identificables, no se apega a la realidad.
Hay 2 mil recomendaciones pendientes de instancias internacionales en los últimos 10 años. ¿Por qué no se les ha dado respuesta?
—La CNDH con la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] y el Sistema Universal de Derechos Humanos nos estamos imponiendo que nos vamos a convertir en monitores, así como en impulsores para que México cumpla con esas recomendaciones.
Un día me invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque se conformó un grupo de trabajo con todas las entidades para darle seguimiento a cada una de las recomendaciones del ámbito internacional. Yo celebré que formaran ese grupo pero también les señalé que ojalá formaran un grupo para dar seguimiento a las recomendaciones del ómbudsman nacional.
En el pasado no se aceptaban algunas recomendaciones, hoy se aceptan todas; sin embargo, se demora su cumplimiento. Hace poco más de tres meses teníamos 300 recomendaciones aproximadamente, las cuales sólo están parcialmente cumplidas.
Impunidad... ¿hay que atracarla?
—La mejor forma de transitar a un estadio diferente en temas de seguridad es que se castigue a los responsables, poniéndolos a disposición de un juez y que les den el rigor de la sanción.
En la medida en que no hay consecuencias se propicia que se repitan estas conductas. Violencia, inseguridad, impunidad y corrupción son una cuarteta maléfica que hay que atacar.
