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Con la intención de sancionar el delito de robo (usurpación) de identidad en el Código Penal Federal, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que tipifica esta práctica ilícita, además de sancionarlo hasta con nueve años de prisión y 600 días de multa.
En el caso de que el delito sea cometido por servidores públicos las penas previstas aumentarán hasta cuatro años y medio más, cuando aprovechándose de sus funciones hagan uso de las bases de datos que contengan información.
El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra (PRI), asentó que ante el incremento de delitos relacionados con la identidad, es preciso legislar en materia penal sobre la usurpación, toda vez que en la actualidad no se encuentra establecido en la norma.
“Es prioritario castigar a quienes haciendo uso de datos que no le corresponden, obtienen beneficio. Es urgente y necesario, por lo que les pido su voto unánime a favor de este dictamen. Estamos seguros que la protección de este derecho es indispensable, la responsabilidad es de todos”, refirió.
El dictamen avalado por unanimidad y turnado al Senado, considerará como delito de usurpación de identidad “al que por sí o por interpósita persona use cualquier medio lícito o ilícito y se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o bien suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión”.
El diputado Arturo Santana (PRD) agregó que en México el delito de robo o usurpación de identidad va en aumento, puesto que según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este crimen.
El robo se da por la pérdida de documentos (67%), por robo de carteras y portafolios (63%) y por información tomada de una tarjeta (53%).
