A 730 días de los hechos que ocurrieron en Iguala se han detectado fallas en el proceso de investigación que dejan al descubierto una serie de irregularidades que evitan que hasta hoy estén detenidos todos los involucrados, que no exista un proceso por el delito de desaparición forzada y que no se tenga una sentencia condenatoria. “Que no se tenga justicia, ni verdad”.
Con 130 detenidos, sólo la mitad de ellos están directamente acusados por los delitos cometidos contra los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un documento que realizó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), titulado Ayotzinapa: 2 años sin justicia y sin verdad, señala que durante el proceso de investigación, “el Estado no ha cumplido con sus obligaciones para dar con el paradero de los jóvenes, menos sancionar a todos los involucrados; se dice que si bien hay avances, no son suficientes para esclarecer las anomalías cometidas durante la investigación”.
Enfatiza que para saber qué sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa es necesaria la detención de todos los autores materiales, entre ellos, Felipe Flores Velásquez, quien fue secretario de Seguridad Pública de Iguala; Alejandro Tenescalco Mejía, mando operativo de la Policía de Iguala la noche de los hechos, y José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, presunto integrante de Guerreros Unidos, entre otros.
Con base en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el documento del Centro Prodh indica que es determinante que las autoridades profundicen en la pesquisa sobre la actividad que tuvieron los teléfonos móviles de los estudiantes días después.
Asegura que por las deficiencias en la indagatoria, varias acusaciones comienzan a ser revertidas, por lo que la PGR debe garantizar que los juicios tengan seguimiento para evitar que personas que podrían contar con información sobre el paradero real de los normalistas evada la justicia.
Exigió que se intensifique la búsqueda de los jóvenes por medio de la tecnología Lidar, propuesta que fue hecha por el GIEI.
“Esta tecnología, sumada a otros insumos de imagen satelital y análogos, pueden contribuir eficazmente a que las búsquedas se realicen en sitios pertinentes. Para este efecto, la PGR ha aceptado trabajar conjuntamente con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, dijo.
Solicita que se abunde en otros indicios sobre el paradero de los estudiantes, como lo es la división en dos del grupo de normalistas, lo que tira la versión que fueron incinerados todos en el basurero de Cocula.
Señala que por las presuntas irregularidades cometidas durante una diligencia en el río San Juan por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, la Visitaduría General de la PGR “deberá ofrecer explicaciones sobre el sesgo confirmatorio, el deficiente procesamiento de las escenas criminales, el ocultamiento de información relevante de telefonía celular y las filtraciones ilegales de información.
Al concluir el periodo del GIEI, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron un mecanismo especial de seguimiento para continuar con los trabajos sobre el paradero de los normalistas, que inició el 9 de septiembre.
El Centro Pro dijo que el mecanismo será coordinado por los comisionados presidente de la CIDH, James Cavallaro y el relator para México, Enrique Gil Botero.
