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En medio año la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado en todo el país más de 4 mil averiguaciones previas por denuncias relacionadas con tortura.

Desde la inauguración en diciembre de 2015 del edificio sede de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, la PGR reportó la existencia de 4 mil 526 expedientes y la ejecución de sólo cinco órdenes de aprehensión en contra elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal.

Estas órdenes fueron derivadas de un video que circuló en redes sociales en abril de 2016 en el que se apreciaba a tres policías federales y dos militares torturando a una mujer detenida el 4 de febrero 2015 en Ajuchitán, Guerrero.

En las imágenes se aprecia a una joven de 21 años interrogada por una mujer vestida con uniforme militar, quien corta cartucho y le coloca el cañón de su arma o en la cabeza. Después, una persona vestida con uniforme de la Policía Federal le ata las manos y le coloca una bolsa de plástico en el rostro y con su mano aprieta el cuello para evitar que respire.

La PGR informó que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició una investigación por estos hechos el 7 de enero de 2016 y fue el Juez Quinto de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Iguala, quien otorgó las cinco órdenes de aprehensión.

Por estos hechos, Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, y Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ofrecieron una disculpa por los actos de tortura realizados por los agentes.

Pendientes, aprehensiones. En estos seis meses, tribunales federales autorizaron 14 órdenes de aprehensión por el delito de tortura, las cuales están pendientes de cumplimentarse.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura se creó bajo el acuerdo A/101/15, publicado el 27 de octubre de 2015.

Este acuerdo manifiesta que la unidad podrá dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos. De enero a junio de 2016 la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, a través de la Unidad de Atención Inmediata, brindó 146 atenciones e inició 19 carpetas de investigación.

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