Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 66 averiguaciones previas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por delitos como tortura, desaparición forzada, violación, homicidio, abuso de autoridad y privación de la libertad.
Según información obtenida vía transparencia, los posibles delitos habrían ocurrido en Nayarit, Guerrero, Zacatecas, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Michoacán, Durango, Sonora, Baja California, Oaxaca, Chihuahua.
De 66 averiguaciones previas, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas tiene abiertas siete. Dos de estas son por violación y abuso de autoridad, el mismo número por hostigamiento sexual, otra por lesiones y violación, una por tortura, y otra más por homicidio y abuso de autoridad.
Señala que de 2013 a la fecha suman 37 averiguaciones en etapa de investigación en la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en materia de Derechos Humanos.
La mayor parte de esos expedientes (31) fueron abiertos entre 2014 y 2015.
Mientras que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene 15 averiguaciones previas por desaparición forzada en contra de militares; de estos actos cuatro habrían ocurrido en Chihuahua; tres en Coahuila, y dos en Guerrero y Tamaulipas, respectivamente. El resto en Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Jalisco.
La Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia tiene en investigación seis casos; tres por homicidio en Chihuahua y Oaxaca; uno contra la administración de la justicia en Tabasco, uno más por homicidio en Veracruz y otro en San Luis Potosí por abuso de autoridad.
Evidencias. Los señalamientos contra soldados por actos de tortura y malos tratos se evidenció recientemente en un video en el que se observan a dos militares y tres policías federales torturar a una civil en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero; esa situación causó un descontento en el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y ofreció disculpas públicas a la sociedad agraviada.
El 5 de enero de 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión contra los dos militares como presuntos responsables del delito de desobediencia.
En el fuero de guerra el juez Quinto Militar dictó el auto de formal prisión el 11 de enero y fueron internados a la prisión militar.
La PGR, por medio de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, inició la averiguación previa el pasado 7 de enero.
Otro caso reciente fue el de Tlatlaya el 30 de junio de 2014, donde 22 civiles fueron muertos por soldados cuando se habían rendido, según las investigaciones y el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por orden de un Tribunal, los soldados involucrados recobraron su libertad en mayo pasado ya que no existieron pruebas suficientes de las acusaciones que les imputaban.
La PGR sostuvo que buscaría todas las vías jurídicas posibles para reaprehender a los tres soldados implicados en el caso, y que aunque respetarían la resolución, “no era cosa juzgada”, por lo que presentarían todas las pruebas para acreditar la responsabilidad del personal castrense.
