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La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del testimonio de mandos de la Policía Federal, justificó con argumentos legales el uso de armas de fuego para repeler los ataques —incluso con armas largas— contra policías estatales y federales que participaron en el desalojo por el bloqueo que mantenían manifestantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, donde varias personas murieron.
El informe confidencial, en poder de EL UNIVERSAL, fue entregado por la Segob a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Seguimiento integrada por diputados y senadores.
En casi 400 páginas se detalla que ante la agresión letal con armas de fuego, una división de la Gendarmería se vio obligado a apegarse al protocolo de uso de armas de fuego, contenido en seis ordenamientos, entre ellos el de la Organización de las Naciones Unidas.
En un apartado del documento, la Segob responde los cuestionamientos realizados por la CNDH, entre los que destacan: quién autorizó el uso de armas, cuál fue el motivo del uso de la fuerza, así como quiénes fueron los mandos que participaron en el operativo emergente de restauración del orden público para liberar la circulación en el poblado de Nochixtlán.
Aunque en ninguna de sus páginas se menciona el nombre del mando que dio la orden precisa para utilizar armas de fuego y repeler los 11 ataques contabilizados con armas, el informe aporta la narración de los acontecimientos en voz de los propios encargados de las divisiones de la Policía Federal que entraron en acción ante los disparos, supuestamente de los manifestantes.
José Luis Rincón Alvarado, encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería de la Policía Federal, fue quien comandó a los 174 elementos —entre ellos 32 policías equipados con armas largas y cortas— para rescatar a 400 elementos de las policías federal, estatal y ministerial de Oaxaca que pidieron auxilio ante las supuestas agresiones a balazos que recibían de los manifestantes.
Ante los supuestos 11 ataques con armas de fuego por parte de los manifestantes, la carpeta de información de la Segob indica que se utilizó un protocolo para el uso de la fuerza que se sustenta en seis ordenamientos.
Agresión letal. Según el manual para el uso de la fuerza de la Policía Federal, existe un sexto nivel en la calsificación de agresiones al que se le denomina “agresión letal” y bajo el cual los policías pueden defenderse usando armas de fuego.
El manual indica en el punto 2.1.6: “El policía podrá emplear las armas de fuego contra los agresores: en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves; con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida; con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y ponga resistencia a su autoridad; para impedir su fuga y cuando ésta representa un peligro de muerte o lesión grave para alguien y solamente en los casos en que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.
Los elementos, según el documento, pueden usar armas de fuego solamente en los casos en que estén en riesgo los derechos y las garantías de personas e instituciones, así como el orden y la paz públicos, por lo que esta alternativa se considera como la última opción en el trabajo de los policías.
Después de cualquier agresión a policías se debe presentar un informe del uso de la fuerza con algunos puntos que expliquen la situación que originó esta respuesta; el nivel de fuerza empleado —que incluye “fuerza potencialmente letal” (uso de arma de fuego)—, y la descripción de las acciones del o los policías, así como de cualquier persona involucrada en los hechos.
Según las declaraciones de los mandos, el primer choque entre policías y manifestantes se registró a las 8:05 horas; sin embargo, la primera petición de auxilio —en la que se pidieron elementos armados— la hizo a las 9:30 horas el comisario Raúl Campos Espinoza, encargado del sexto agrupamiento de la Gendarmería de Oaxaca, quien desde el búnker instalado en la ciudad de Oaxaca pidió apoyo de policías equipados con armas de fuego para entrar en acción.
