La Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem) concluyó las investigaciones de 30 de 52 funcionarios públicos por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su participación en las indagatorias ministeriales por el asesinato de 22 personas atribuidas a elementos del Ejército mexicano el 30 de junio del 2014, en el municipio de Tlatlaya.
El secretario de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, confirmó la sanción que les fue impuesta a los servidores públicos mexiquenses.
"Hay varias destituciones, son 7 u 8 destituciones y hay algunos funcionarios que van a ser suspendidos, en los 30 casos hay algún tipo de sanción 7 u 8 destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas algún tiempo, unos por un mes, otros por más tiempo", dijo.
El titular del Igispem, Isael Montoya, informó en la víspera que 10 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fueron destituidos, 19 suspendidos durante un mes y otro más fue suspendido durante 15 días.
La dependencia mexiquense inició un procedimiento administrativo contra 52 servidores públicos de la Procuraduría que participaron en el levantamiento de cadáveres y en las primeras investigaciones de la matanza colectiva, ocurrida la madrugada del 30 de junio del 2014 en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya.
La situación de otros 22 funcionarios de la PGJEM aún está por resolverse porque el proceso administrativo está suspendido hasta que se determine qué pasará con los juicios de amparo que promovieron los servidores públicos involucrados.
Según la resolución del Igispem, a dos servidores públicos se les destituyó e inhabilitó por un periodo de 5 años; a otros dos además de separarlos de sus cargos se les inhabilitó por tres años y a otros seis se les destituyó e inhabilitó por un año.
De acuerdo a la sanción, los 10 funcionarios públicos destituidos e inhabilitados fueron encontrados responsables de violar el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Las sanciones se aplicaron luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al comprobar violaciones graves a las garantías individuales del personal del Ejército, PGR, agentes ministeriales y peritos de la PGJEM, pues de los 22 civiles asesinados, 12 habrían sido ejecutados extrajudicialmente por los miembros de las fuerzas castrenses, cuando no oponían resistencia.
El personal de la Procuraduría mexiquense alteró la escena del crimen para que no hubiera imputaciones contra los elementos castrenses, determinó la investigación.
Por esos hechos siete policías ministeriales y un agente del Ministerio Público fueron acusados de tortura, pero el juicio no ha concluido.
jram
