Organizaciones comunitarias y de defensa de los derechos civiles demandaron justicia ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por el asesinato del mexicano Anastasio Hernández Rojas, ocurrido a manos de agentes migratorios en mayo de 2010.
Activistas de la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) y de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC) recordaron con una protesta el sexto aniversario de la muerte del inmigrante indocumentado y padre de cinco hijos. Denunciaron que hasta el momento ninguno de los agentes implicados haya sido sancionado:
“Demandamos justicia, transparencia y rendición de cuentas, no sólo para el caso de Anastasio, sino de las 45 personas que han muerto en la frontera por uso excesivo de la fuerza desde 2010”, declaró la asesora política de la SBCC, Jennifer Johnson.
Una veintena de activistas se manifestó frente a los cuarteles centrales de la oficina de Protección Fronteriza, que se localiza en el Centro Mundial de Comercio de Washington, con carteles que tenían la la leyenda: “Justicia para Anastasio. Fin a la impunidad en la CBP”.
El forense del condado de San Diego, California, donde se registró el incidente, dictaminó que la muerte de Hernández Rojas, quien fue golpeado por agentes fronterizos cuando era repatriado a México tras ingresar sin documentos a Estados Unidos, fue un homicidio que ocasionó una encefalopatía e infarto al miocardio.
Crimen. Un testigo de los hechos ocurridos en la garita de San Ysidro, California, indicó que en la golpiza participaron alrededor de 10 agentes de distintas corporaciones que le aplicaron “cuatro descargas eléctricas” para someterlo.
En el sometimiento de Hernández Rojas participaron agentes de la Patrulla Fronteriza, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la CBP.
En noviembre de 2015 el Departamento de Justicia anunció que no presentaría acusaciones criminales ni civiles contra ninguno de los agentes participantes en el incidente, que resultó pocos días después en la muerte de Anastasio Hernández.
El gobierno de México exigió en su momento la cabal aplicación de la ley, así como sanciones contra quienes pudiesen resultar responsables en la muerte del mexicano.
Joshua Breisbatt, abogado de la ACLU, sostuvo que la muerte de Anastasio, así como de los otros inmigrantes que fueron víctimas de uso excesivo de la fuerza, arroja “una nube negra” sobre la CBP, puesto que la agencia tiene “un pasado profundamente preocupante”.
“Han habido avances, pero una mejora no es suficiente. Esperamos ver que antes que termine la administración [del presidente Barack Obama] exista algún grado de rendición de cuentas”, sostuvo el litigante estadounidense.
La ACLU mantiene que uno de los elementos que aportarían en la dirección de mayor transparencia en la conducta de los agentes y en la rendición de cuentas sería el uso de cámaras de video corporales, que sean activadas cuando exista un contacto con el público, así como en persecuciones o incidentes.
A finales de marzo pasado, familiares de Anastasio, la SBCC y la Universidad de California en Berkeley presentaron una queja contra el gobierno de Estados Unidos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato del mexicano.
“Ya pasamos por todas las vías legales dentro de Estados Unidos y no pudimos encontrar la justicia; no culparon a los agentes involucrados, entonces acusamos al gobierno por lo que sucedió”, dijo en su momento el representante de la Coalición Coalición de Comunidades, Ricardo Favela.
De las 46 muertes registradas a manos de agentes fronterizos estadounidenses desde 2010, sólo en un caso se tomaron medidas disciplinarias contra un agente de la CBP.
Las organizaciones y familiares de Anastasio buscan que el gobierno de Estados Unidos acepte su responsabilidad y aplique políticas para evitar nuevos casos de abuso o uso excesivo de la fuerza.
Aunque la Junta de Revisión de Uso de la Fuerza de la CBP inició una evaluación administrativa seis años después de la muerte de Hernández Rojas, se desconoce hasta el momento el resultado de la revisión.
