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Una detallada investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) a arrestar a Rubén Núñez Ginez, secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 24 millones de pesos, provenientes de los agremiados, que usó en beneficio propio y para financiar los plantones en Oaxaca y la Ciudad de México.
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, dijo que continúa la investigación a Núñez Ginez y al secretario de Finanzas de la Sección 22, Aciel Sibaja Mendoza, por “la posible obtención ilícita de más recursos por los hasta ahora aprehendidos, que ascienden a más de 132 millones de pesos, así como la probable participación de otras personas en los hechos referidos, además de la probable comisión de otros ilícitos”, dijo en un mensaje a medios.
La madrugada del domingo, elementos de la PGR y de la Policía Federal arrestaron a Núñez Ginez en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Núñez Ginez y el secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos Ricardez (quien fue detenido un día antes), fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde seguirán su proceso penal.
Según la investigación que se les sigue, Rubén Núñez y Aciel Sibaja (quien fue detenido el 14 de abril) celebraron convenios con cuatro empresas: Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. de C.V.; Consorcio Peredo, S.A. de C.V.; Administradora de Negocios Monte Albán, Vasa Holding Company y una persona de nombre Octavio Arturo Quintano Cassani, los cuales se dedicaban a ofrecer productos y servicios a los agremiados de la Sección 22.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la misma que detectó los movimientos “inusuales” en las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuando éste era presidido por Elba Esther Gordillo Morales. Fueron las investigaciones de esa dependencia las que en febrero de 2013 llevaron a la PGR a encarcelar a Gordillo Morales por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el mismo por el que hoy se investiga Rubén Núñez Ginez y a Aciel Sibaja.
Según la información provista a través de sus páginas de internet, la empresa Ediciones, Tratados y Equipos S.A. de C.V. (Etesa) ofrece electrodomésticos, computadoras, tabletas electrónicas, muebles, línea blanca y refacciones para autos, mientras que Consorcio Peredo se dedica a la venta de automóviles nuevos y usados. La investigación refiere que estas empresas vendían sus productos a los trabajadores de la educación bajo un esquema de pagos quincenales, descontados automáticamente de su nómina (que manejaba la Sección 22 de la CNTE).
El convenio permitió que entre 2012 y mediados de 2015 (periodo que coincide con la secretaría general de Rubén Núñez Ginez) las empresas vendieran sus productos a los maestros a crédito.
El convenio permitía la autorización de Núñez a cambio de que le entregaran a él y a la dirigencia de la CNTE una comisión de 3.5% de los pagos quincenales que hacía cada trabajador de la educación por los servicios o productos obtenidos.
La investigación de la Secretaría de Hacienda señala que el dinero llegaba a manos de los líderes sindicales por tres vías: en depósitos directos que las empresas hacían a alguna de las siete cuentas bancarias que la Sección 22 tenía en Santander; la segunda vía era a través del particular Octavio Arturo Quintano Cassani, quien recibía el dinero de las empresas y a su vez lo depositaba en las cuentas sindicales.
La tercera vía era más complicada y se daba mediante la triangulación entre varias empresas: Consorcio Peredo, S.A. de C.V., le depositaba a Administradora de Negocios Monte Albán, la cual a su vez le entregaba el dinero a Vasa Holding Company, que le transfería a Quintano Cassani (accionista en Vasa y en Administradora de Negocios), y éste a su vez depositaba las comisiones en las cuentas de la CNTE.
El reporte señala que Rubén Núñez, Aciel Sibaja “y otros dirigentes de la Sección 22” hacían retiros en efectivo de cada cuenta, dispersaban el dinero entre las mismas siete cuentas de la CNTE y finalmente lo distribuían mediante pagos de cheques, en efectivo o transferencias electrónicas (SPEI) para beneficio propio o para financiar movilizaciones contra la reforma educativa.
“Para el funcionamiento de este esquema las empresas transferían a Núñez, Sibaja y otros (líderes) el monto de la comisión ilegalmente pactada con la Sección 22 (3.5%) y éstos a su vez distraían la mayor parte de esos recursos, mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para financiar las movilizaciones (...) De hecho, en la cuenta de Santander con terminación 3683 aparece repetidamente el concepto ‘Gastos de plantón y plantón Ciudad de México’”, señala uno de los ejemplos de las transferencias.
En tres de las cuentas que tenía la CNTE en el banco Santander (denominadas “Sección 22 Oaxaca empresas”, “Seccion 22 Oaxaca CAPP” y “Sección 22 Oaxaca finanzas”) sus titulares eran Rubén Núñez (en todos los casos) con Claudio Felipe Mendoza García, secretario técnico del Comité Administrador de Préstamos Personales (CAPP), y Aciel Sibaja, secretario de Finanzas de la Sección 22. En conjunto, entre 2012 y 2015 las tres cuentas recibieron 309 depósitos por un total de 85 millones 400 mil pesos; después se efectuaron cuatro mil 616 operaciones de retiro, por un total de 85 millones 185 mil pesos.
El reporte señala que, tan sólo en el periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 29 de mayo de 2015, las siete cuentas bancarias de la Sección 22 recibieron 853 operaciones de depósito por un total de 46 millones 548 mil pesos y dos mil 61 retiros por 45 millones 36 mil pesos.
“Todas las operaciones aludidas violan las normas que regulan a la Sección 22 y se consideran ilícitas, puesto que además los recursos en las cuentas de dicha sección sindical fueron extraídos en efectivo. Lo anterior se tradujo en un esquema de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas como de dicha sección sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establecen la ley y las autoridades con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas”, señala el reporte.
