Más Información
carina.garcia@eluniversal.com.mx
En este año y durante los procesos electorales locales en curso en 14 entidades, se han presentado 54 casos de agresiones y violencia política contra mujeres, según el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, quien señaló como un ejemplo emblemático la discriminación de género contra la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza.
Destacó que además de visibilizar el problema, investigar y sancionar a los responsables de todo tipo de violencia política contra las mujeres, el reto es cambiar culturalmente al país.
Mencionó como ejemplo el caso de la magistrada Pedroza, en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó la existencia de violencia política por razón de género, como publicó EL UNIVERSAL en sus ediciones del 30 de marzo y 16 de mayo pasados.
Cuando los agentes del Ministerio Público de la FEPADE fueron a realizar diligencias, una de las trabajadoras del tribunal señaló: “¿Cómo es posible que ustedes vengan por una denuncia que presentó una magistrada?... es como si usted llega a su casa en la noche y se da cuenta que su esposa invitó a alguien a cenar sin pedirle permiso”.
Eso muestra, recalcó, “el nivel de problema cultural con el que nos estamos enfrentando, es lo que tenemos que combatir de manera adecuada para efecto de tener una democracia de mayor calidad”.
Nieto Castillo participó ayer en la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que se realizó en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante el evento, informó que derivado de otra investigación sobre violencia ejercida —ésta contra una funcionaria electoral—, la FEPADE tuvo que solicitar el apoyo del Departamento de Justicia en Estados Unidos para localizar a los agresores.
Actualmente, la FEPADE indaga el caso de una Capacitadora Asistente Electoral (CAE), quien, con cinco meses de embarazo, fue retenida durante 10 horas en Ocosingo, Chiapas, sin permitirle sentarse.
Asimismo, investiga los casos de otra CAE y una agente de Ministerio Público de la FEPADE, perseguidas en Villaflores, Chiapas, “la primera para quitarle paquetes electorales y la otra para impedirle que ejerciera su función ministerial”.
Ésos y otros casos, como el de Yesenia Alamilla, quien fue presionada y una de sus colaboradoras atacada sexualmente para obligarla a dejar la candidatura del PAN a la alcaldía de Reforma, Chiapas —municipio que hoy gobierna el denunciado, Herminio Valdez, del PVEM—, dieron pie a la creación del protocolo.
Así, dijo Nieto Castillo, en el proceso electoral federal de 2015 se presentaron 38 casos de violencia política contra las mujeres. “Pero a la fecha ya son 92 casos; es decir, ha aumentado en 54 el número de denuncias presentadas por casos de violencia y violencia política contra mujeres”.
Resistencias también en el INE. En el evento, las consejeras del INE Adriana Favela y Beatriz Galindo, así como la magistrada del TEPJF, María del Carmen Alanis, indicaron que con el protocolo; la guía para presentar una queja o denuncia de violencia política contra las mujeres, y las acciones para la prevención, difusión y capacitación contra la violencia política —ambas presentadas ayer—, toda autoridad tiene la obligación y la ruta para actuar y dar curso a denuncias sobre violencia en razón de género.
Favela indicó que desde marzo hasta la fecha se han recibido cuatro denuncias ante la Comisión de Quejas, por presunta violencia política contra la mujer, todas promovidas por la candidata del PRI al gobierno de Puebla, Blanca Alcalá.
Sin embargo, recordó que no en todos los casos se acredita violencia de género, por lo que debe distinguirse cuándo los señalamientos son parte de la contienda electoral, como fue el caso de Alcalá, cuya gestión como alcalde de Puebla fue cuestionada.
Favela y la consejera Beatriz Galindo Centeno reconocieron que aun dentro del INE, hay consejeros que han cuestionado la aplicación del protocolo en asuntos de quejas electorales relativas a propaganda.
